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Ley impedirá empleo para ilegales en Arizona

El Universal. Desde Ciudad de México. | 20 de Diciembre de 2007 a las 00:00
A partir del primero de enero próximo entrará en vigor una nueva ley anti-inmigrante en el estado de Arizona, que pretende dejar sin empleo a 500 mil indocumentados que se estima trabajan en ese estado actualmente, de los cuales más del 50 por ciento son de origen mexicano. La Ley House Bill 2779, conocida también como Fair and Legal Employment Act (Decreto de Empleo Legal y Justo), contempla fuertes sanciones a los empleadores que contraten inmigrantes ilegales, que van desde la suspensión temporal del negocio por 10 días hasta la revocación definitiva de la licencia para “hacer negocios”, conocida como “business death penalty”, cuando exista reincidencia. La ley estipula que las cerca de 150 mil empresas establecidas en Arizona están obligadas a corroborar el estatus migratorio de sus empleados antes de la contratación, en el sistema creado con este fin, llamado EVerify. De no encontrar al postulante en la base de datos electrónica, podrán presentar una denuncia para que se investigue cada caso. Para tener acceso a EVerify se deberá estar inscrito y pagar la anualidad correspondiente por derechos con valor de mil 800 dólares. Alessandra Soler Meetze, directora Ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU, por sus siglas en ingles), señaló en entrevista con El Universal que EVerify cuenta con un alto índice de error, que va de 4 a 7%. Lo anterior fue señalado, asegura, en dos ocasiones por el Congreso de los Estados Unidos con lo cual se demuestra la inefectividad del sistema y, por tanto, la vulnerabilidad de los derechos de trabajadores que se encuentren legalmente, pero que la base de datos no reconozca: “Estamos hablando de que en Arizona hay casi 150 mil negocios que van a tener que usar un sistema que no sirve. El reporte del Congreso, iniciado en 2004, dice que los problemas con E-Verify son muy altos. Y otro reporte, de 2006, encontró que la información en E-Verify resulta incorrecta en 4% de las veces que alguien somete información”. Agregó que este margen de error se incrementa cuando se trata de migrantes que han adquirido la ciudadanía: “cuando hablamos de los récords de ciudadanos americanos hasta 7%. El Gobierno no tiene esa información, cuando la persona ya se hizo ciudadano, el Gobierno no sabe que regularizó su estatus de ciudadanía”. Sin embargo, el sistema podría, lejos de disminuir la migración, fomentar un mercado negro de números de seguridad social, ya que, como señala Soler Meetze, hoy en día esa situación ya se presenta: “Las personas pueden continuar presentando documentos falsos, o pedir «prestado» un número de seguridad social y encima va a afectar familias y no va a resultar el problema de migración”. Al momento de signar la nueva ley, el 2 de julio de 2007, la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano advirtió que dicha normatividad se creaba ante la incapacidad del Gobierno federal para controlar la migración: “La inmigración es una responsabilidad federal, pero firmó la HB 2779 porque es abundantemente claro que el Congreso es incapaz de realizar las reformas que el país necesita”, quedó asentado en el boletín de prensa del estado de ese mismo día. Daños a la economía De acuerdo con un estudio publicado por el consulado mexicano en Arizona en 2003, con información del Census Bureau de Estados Unidos (Buró de Censos), en el año 2000, 18 por ciento de la fuerza laboral de todo el estado es mexicano, es decir, 369 mil 296. De ellos, 69 por ciento estaba fuera de regla. A pesar de su representación, en total, mexicanos tanto legales como ilegales, sólo percibían 8 por ciento del total de las nóminas. Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, señala que la aplicación de la normatividad traerá consigo una gran inestabilidad en el estado, siendo las más afectadas la pequeña y mediana industria. “Va a dañar la economía de EU en términos generales, hay presiones de ciertos grupos de empresarios que no cuentan con la mano de obra suficiente para desarrollar su actividad económica y con este tipo de presiones eminentemente dañará sobre todo a pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo a aquellos que dependen mucho más de la fuerza laboral de tipo indocumentada. “Dos actividades que pueden salir muy dañadas son la actividad agrícola y de la construcción, que en gran medida dependen de trabajadores indocumentados que llegan de México y de otras partes del mundo”, señaló el investigador del Colef. La economía no sólo sufrirá daños por la pérdida de empleados, sino también, en la compra, ya que de acuerdo con el estudio del consulado, tan sólo los migrantes hispanos realizaban compras anuales por 27.6 billones de dólares, es decir, cuentan con el 13.4% poder adquisitivo del estado. Además, al incrementarse los costos de nómina, se elevarían los precios de los productos terminados, como indica el estudio elaborado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca “El impacto económico de la inmigración”, fechado el 20 de junio de 2007, en el que se advierte: “La presencia de extranjeros sin experiencia en trabajos de construcción permite que trabajadores y contratistas estadounidenses experimentados construyan más casas a menor costo, de otra forma no sería posible”. Rubio Salas también opinó que este tipo de legislaciones vulneran los derechos humanos de los migrantes, pues hace pública información de carácter personal: “va en contra de los derechos de los trabajadores, muchos de ellos migrantes, porque saldrá información a la luz en términos de los cotejos de números de seguridad social y generará muchos más problemas para acceder a un mercado de trabajo que los sigue necesitando”.

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