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Propuesta de senadores brinda esperanza a indocumentados con TPS

Washington. Agencias | 14 noviembre de 2017

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Un pequeño grupo de demócratas y republicanos proponen una ley que otorgue residencia permanente a aquellos inmigrantes con TPS, que puedan probar ante un juez que corren peligro si regresan a sus países.

Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes propuso una iniciativa de ley para dar la residencia a indocumentados que se encuentren amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS), informó la cadena Univision.

El proyecto de ley, llamado “ASPIRE”, permitiría que cualquier indocumentado protegido por el TPS antes del 1 de enero de 2017, pueda solicitar la residencia legal permanente si puede demostrar, ante un juez de inmigración, que enfrentaría un peligro extremo si se ve obligado a regresar a su país de origen.

“El TPS se creó con apoyo bipartidista para proteger las vidas humanas”, afirmó la representante Yvette Clarke, demócrata por Nueva York y una de las promotoras de esta ley.

El plan de Clarke es presentar el proyecto de ley junto con Pramila Jayapal, demócrata por Washington, y la representante Ileana Ros-Lehtinen, republicana por Florida.

Antecedentes

“Haití no está en condiciones de absorber el costo de la reintegración de miles de haitianos beneficiarios del TPS de una vez” dijo la congresista neoyorquina, y que agregó que su regreso “significará que Haití perderá las remesas que estos beneficiarios actualmente envían al país”.

En caso de que cámaras del Congreso la aprueben, esto permitiría que algunos indocumentados de Haití y El Salvador que se encuentran protegidos por un TPS tengan la posibilidad de solicitar la residencia bajo uno de los principales requisitos de asilo en Estados Unidos: miedo creíble de regresar a sus países de origen.

Sin embargo, las posibilidades de éxito son muy pocas; el proyecto de ley podría beneficiar alrededor de 220,000 indocumentados salvadoreños protegidos de la deportación desde marzo de 2001, y cerca de 57,000 haitianos cuyo TPS fue prorrogado por seis meses y por última vez el 24 de mayo, otorgando amparo de deportación hasta el 22 de enero de 2018.

La iniciativa surgió luego de que el Departamento de Seguridad (DHS) canceló el TPS de Nicaragua, y una prórroga de seis meses otorgada a Honduras, programas que amparan de la deportación a unos 60,000 indocumentados desde el 5 de enero de 1999.



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