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Muros en la frontera causarán más división interna en EEUU

Agencia Notimex. Desde Dallas. | 24 de Diciembre de 2007 a las 00:00
La ley que ordena la construcción de muros a lo largo de la frontera con México amenaza no sólo con dividir físicamente a dos naciones, sino también con provocar durante 2008 enfrentamientos dentro de este país. Expertos y abogados señalaron que la oposición al proyecto es casi generalizada entre los residentes de las comunidades fronterizas y su postura los ha colocado en los últimos meses en un curso de colisión con las autoridades federales. “El escenario está listo para el inicio de una batalla legal”, dijo a Notimex Rebecca Webber, abogada de la Texas Rio Grande Legal Aid (TRLA), una organización que provee asesoría en forma gratuita a quienes se oponen a la edificación de las cercas. “Una buena parte de la construcción del muro será decidida en las cortes”, pronosticó Webber. A lo largo del suroeste de Estados Unidos, la cruzada contra las barreras ha unido en un sólido bloque a líderes comunitarios, ecologistas, organizaciones no gubernamentales, iglesias, empresarios y funcionarios públicos, locales y estatales. Los gobernadores de Texas y Nuevo México, Rick Perry y Bill Richardson, se ha pronunciado en contra, al igual que lo han hecho varios congresistas federales, decenas de jueces y comisionados de condados, así como alcaldes. “La mayoría de la gente a lo largo de la frontera no desea la construcción del muro”, aseguró a su vez el juez del condado de Cameron en Brownsville, Carlos Cascos. “Estamos convencidos de que estas estructuras no detendrán la inmigración ilegal y serán sólo un factor de separación en nuestras comunidades”, indicó. En Texas, la primera batalla legal contra los muros será librada por unos 160 propietarios de terrenos ubicados en la margen norte del Río Bravo, que han desafiado al gobierno federal al negar el acceso a sus propiedades para la medición y planificación de las obras. Ello provocó la entrega la primera semana de diciembre de un ultimátum y se les advirtió que tienen hasta mediados de enero próximo para permitir el paso del personal técnico del gobierno federal a sus lotes o enfrentarán una demanda legal. La amenaza de las autoridades federales no se limita sólo a la obtención del permiso de acceso, sino que va mas allá, al señalar que de ser necesario el gobierno podría acudir a la corte para obtener también la adjudicación del terreno o de una parte. En lo que parece ser ya un inminente enfrentamiento entre el gobierno federal y los propietarios de terrenos, ambas partes argumentarán que la ley está de su lado. El Departamento de Seguridad Nacional está obligado por la ley conocida como Acta de Valla de Seguridad 2006, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente George W. Bush, a instalar mil 150 kilómetros de muros a lo largo de la frontera con México. La dependencia fue autorizada a utilizar muros, sensores, cámaras, satélites y otras tecnologías, además de personal para impedir la entrada ilegal de personas a territorio estadunidense. La ley ordena construir 281 kilómetros de cercas entre Laredo y Brownsville; 81 kilómetros entre Del Río e Eagle Pass; 140 kilómetros entre El Paso y Columbus, Nuevo México; 577 entre Calexico, California, y Douglas, Arizona; y 35 en Tecate, California. El Congreso aprobó mil 200 millones de dólares para la construcción de los muros en el presupuesto del año fiscal 2007 y se prevén otros mil 200 millones de dólares más para 2008. Algunos, como los residentes de la pequeña comunidad de Granjeno, en el valle del sur de Texas, apelarán incluso a documentos expedidos a sus antepasados en tiempos de la colonia española que les concedían propiedad de los terrenos por donde ahora se busca edificar los muros. La batalla legal que se apresta a comenzar en Texas, amenaza con al menos retrasar la construcción de las estructuras en esta entidad que deberían comenzar en marzo próximo, de acuerdo con el secretario de seguridad nacional Michael Chertoff. Los senadores por Texas, John Cornyn y Kay Bailey Hutchison, han buscado mediar entre las partes con enmiendas de ley que obliguen al DHS a consultar a las autoridades sobre la ubicación de las vallas, la forma en que deben ser construidas y la extensión que deben tener. En tanto en Arizona y Nuevo México, grupos ecologistas como Sierra Club y Defensores de la Vida Silvestre alistan nuevas demandas para tratar de detener la construcción de vallas en dichas entidades, bajo el argumento que ponen en riesgo la sustentación de hábitats. Los grupos ambientalistas argumentan que las estructuras fronterizas tendrán un impacto negativo en la vida silvestre y el hábitat de especies migratorias, en los flujos del Río Bravo, en el eco turismo y en las economías locales. En Arizona la organización Defensores de la Vida Silvestre ya obtuvo este año una orden judicial para obligar a frenar temporalmente la construcción de un sector del muro. Aunque la orden de la corte, fue sobrepasada por Chertoff, quien reactivó la construcción del muro en dicho sector al invocar los poderes especiales que le fueron otorgados para edificar las barreras fronterizas bajo el Acta Real ID en 2005. También la Iglesia Católica en Texas ha expresado su oposición a los muros. El arzobispo de San Antonio, José Horacio Gómez, criticó el proyecto de levantar las estructuras al asegurar que la mejor barrera a la agresión son los “puentes de intercambio y fraternidad”. El prelado recordó que a través de la historia, los muros desde la Muralla China hasta la línea Maginot “nunca han solucionado problemas o tensiones; por el contrario, las han agudizado”. Activistas pro derechos de los inmigrantes han advertido que la construcción de vallas va a empujar a los indocumentados a áreas más aisladas, a regiones desérticas donde muchos podrían morir tratando de cruzar a territorio estadounidense. “Esto es una política inmoral, vergonzosa”, afirmó Nathan Selzer, co-director de Proyecto Libertad, un grupo de ayuda a inmigrantes con sede en Harlingen, Texas. La construcción de muros en la frontera ha sido directamente relacionada con un incremento en la muerte de inmigrantes que tratan de ingresar en forma indocumentada a Estados Unidos. Un estudio realizado en 2001 por el Centro de Inmigración de la Universidad de Houston, establece que los muros han contribuido a los riesgos mortales para los inmigrantes. “Encontramos una aparente asociación entre los patrones de política de vigilancia y las muertes de inmigrantes a lo largo de la frontera”, explicó Néstor Rodríguez, co-autor del estudio. “Conforme los inmigrantes son redirigidos de puntos de cruce bien establecidos, ellos son forzados a adoptar estrategias de cruce más difíciles”. Esto los expone “a más peligros como desiertos, áreas montañosas o áridas y ranchos, donde los riesgos de morir por deshidratación, hipotermia o hambre aumentan”, indicó el académico. El gobierno de México se ha opuesto sistemáticamente a la edificación de muros en su frontera, al considerarlo como parte de una acción de fuerza “inútil”, en la resolución del problema migratorio.

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