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Nueva ley migratoria provoca despidos masivos en Arizona

ADNMUNDO.com. Desde Phoenix. | 2 de Enero de 2008 a las 00:00
Una ley que sanciona a los empresarios que contraten a trabajadores indocumentados entró este miércoles en vigor de Arizona, pero sus efectos ya empezaron a sentirse desde el martes con los despidos anticipados por parte de las empresas que temían ser sancionadas. La medida obliga a partir de este martes a las 150 mil empresas o negocios registrados en Arizona a utilizar un programa federal de verificación electrónica conocido como E-Verify para cerciorarse de la legalidad laboral de cada nuevo empleado. La norma, considerada una de las leyes anti-inmigrantes más duras del país, establece que las firmas que contraten a indocumentados sufrirán la suspensión de su licencia de negocios durante diez días en la primera infracción. Si se repite, perderán el permiso de forma permanente. Se calcula que en ese estado estadounidense, fronterizo con México, viven medio millón de trabajadores sin papeles, de una población total de 6,2 millones de personas. Los inmigrantes clandestinos trabajan especialmente en la agricultura, la construcción, la jardinería, la industria textil y la hospedería. Algunos economistas predicen que los precios en esos sectores subirán, por la reducción de la fuerza laboral, y que algunas empresas decidirán operar en otros estados que no tienen leyes tan estrictas respecto a la inmigración. Los partidarios del endurecimiento de las leyes contra los trabajadores indocumentados minimizaron sus posibles efectos negativos sobre la economía y mantienen que la supresión del imán de los trabajos acabará con la inmigración ilegal. Además, afirman que forzará a los extranjeros a irse del estado, lo que reducirá los costos de salud, justicia y educación que suponen para el erario público. La norma fue aprobada por la legislatura estatal y suscrita por la gobernadora demócrata Janet Napolitano en julio. Asociaciones empresariales y cívicas acudieron a los tribunales para demandar la suspensión de la norma considerándola inconstitucional. Entre los argumentos los demandantes señalan que la ley hará que las empresas prefieran no contratar a personas con acentos extranjeros o apariencia hispana para no arriesgarse a ser multados; o que se elevan los costos de ciertos trabajos, debido a la reducción de trabajadores disponibles.

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