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Carolina Sur cobrará al Gobierno detención de indocumentados

EFE. Desde Charlotte. | 8 de Enero de 2008 a las 00:00
Una nueva propuesta de ley en Carolina del Sur, que será presentada esta semana cuando el Legislativo inicie el periodo de sesiones, busca entre otras medidas, cobrar al Gobierno federal los gastos ocasionados por la detención de inmigrantes indocumentados. Bobby Harrell, presidente de la Cámara de Representantes y promotor del "Plan de Carolina del Sur", dijo que la prioridad para los legisladores este año será "pasar un paquete de reformas que combata la inmigración ilegal". "Luego de escuchar a los residentes del estado, está muy claro que desean que se haga algo, y esta propuesta es la más acertada para solucionar este asunto", agregó el legislador republicano. Bajo la iniciativa, el estado buscará un acuerdo con el Gobierno federal para que de alguna forma se encargue de hacer cumplir las leyes de inmigración. Además, busca el reembolso de fondos por entrenamiento de oficiales que detengan y deporten a inmigrantes sin estatus en el país. Asimismo, restringirá los fondos de las comunidades que se declaren "ciudades santuarios" y que no denuncien la presencia de indocumentados, y bloqueará el acceso de estudiantes sin papeles a becas y a colegios comunitarios. El plan además estipula que los indocumentados no podrán solicitar servicios públicos, exceptuando los casos de emergencias médicas, situaciones de violencia domésticas y desastres naturales, y convierte en delito mayor el transportar y ayudar a éstos. En cuanto a las empresas que contraten a trabajadores sin documentos, la legislación vislumbra que demandará a los negociantes que despidan a empleados para contratar a indocumentados, y obliga a que sometan a los trabajadores al sistema de verificación del estado migratorio. "Está muy claro que si queremos resultados, lo tendremos que buscar nosotros. Los estados han reconocido este hecho y están actuando. Hay leyes que se están aprobando y dando resultado", enfatizó Harrell. Esta no es la única propuesta de ley que el Legislativo discutirá durante 2008 que aborda el tema de la inmigración ilegal. La versión del Senado, "Acta de Reforma de la Inmigración", que fue introducida el año pasado, contempla algunos puntos del plan de la Cámara de Representantes y cuenta además con el respaldo de la Cámara de Comercio del estado. La misma señala que se convierte en delito mayor el uso y fabricación de documentos falsos al igual que el robo de identidad. Ahora la batalla se concentrará en cuál versión obtiene más popularidad entre los legisladores. Mientras en la Cámara de Representantes están optimistas, Jim Richie, proponente de la versión del Senado, dijo que la "forma más rápida para que haya ley de inmigración es que acepten (representantes) la versión que proponemos (senadores)". "La única razón para comenzar un nuevo proceso es ganar terreno político", enfatizó Richie, senador republicano, quien argumenta que los "ilegales" cuestan a los contribuyentes un extra de 186 millones de dólares al año. Las organizaciones latinas del estado han manifestado, en varias ocasiones, que están preparados para que la legislatura apruebe en 2008 una ley desfavorable para los inmigrantes indocumentados. "Esto no es nada nuevo para nosotros. Desde el año pasado están hablando de las mismas propuestas con diferentes versiones", afirmó hoy a Efe Cochita Cruz, coordinadora de la Coalición de Inmigrantes de Carolina del Sur. Según Cruz, el reto para los legisladores es la "implementación de leyes de inmigración que son asunto del gobierno federal". El Censo calcula que en Carolina del Sur viven alrededor de 130.000 hispanos, pero las organizaciones latinas creen que la cifra puede llegar a 200.000, siendo la comunidad mexicana la de mayor crecimiento.

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