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Estados adoptan ley inmigración de Arizona y Colorado

Denver. Agencia EFE. | 4 de Marzo de 2008 a las 00:00
Estados del oeste como Idaho, Nebraska, Utah y Wyoming han aprobado leyes contra la inmigración ilegal siguiendo medidas similares en Arizona y Colorado, con el propósito de evitar el desplazamiento de indocumentados hacia sus ciudades. En el caso de Colorado, el paquete de reforma migratoria aprobado en julio de 2006 provocó el desplazamiento de entre el 25 y el 50 por ciento de los trabajadores agrícolas, según datos de la organización no gubernamental Colorado Farm Bureau, y hasta 10.000 obreros de la construcción, de acuerdo con Colorado Latin Contractors. En Arizona, leyes similares en vigor desde hace dos meses ha hecho que centenares de alumnos inmigrantes dejen de ir a las escuelas, según el Distrito Escolar Isaac, de Phoenix, y han llevado a numerosas familias latinas, muchas de ellas legalmente en el país, a abandonar sus viviendas y dejar el estado, de acuerdo con Arizona Multihousing Association. A finales de enero pasado, el representante estatal Dan Zwonitzer (R-Cheyenne), indicó que Wyoming necesitaba nuevas leyes en contra de la inmigración ilegal "como una medida preventiva para que el estado no se convierta en refugio para los indocumentados desplazados por leyes más estrictas ahora vigentes en otros estados". Un mes después, el Legislativo de Wyoming "se vio forzado" a aprobar el proyecto HB145 debido a que "varios estados vecinos ya aprobaron leyes para eliminar beneficios para inmigrantes indocumentados", comentó Colin Simpson, republicano y presidente de la Cámara de Representantes local. Simpson explícitamente indicó que su propuesta se basó en las leyes de Arizona, Colorado y Oklahoma. La Oficina del Censo revela que un 7 por ciento de los 515.000 habitantes de Wyoming es latino. De esas 35.000 personas, sólo "un porcentaje pequeño" sería indocumentado, según el Pew Latin Center. Por otro lado, la legislatura de Idaho aprobó la semana pasada un paquete de leyes para "controlar la inmigración ilegal" en ese estado, y desde ahora se exigirá comprobar que el solicitante de una licencia de conducir esté legalmente en el país y se restringirá la prestación de servicios para quienes carezcan de ciertos documentos. La medida, respaldada por la Alianza de Familias de Idaho y por la Asociación de Granjeros de ese estado, pide además que se prohíba la apertura de un consulado de México en la ciudad de Boise, por considerar que la representación diplomática "contribuiría a la inmigración ilegal", según Brian Fischer, director ejecutivo de la Alianza de Familias. En Utah, el gobernador Jon Huntsman había prometido vetar las leyes contra la inmigración ilegal, pero el Legislativo local obtuvo suficientes votos como para impedir el veto, por lo que el mandatario indicó el lunes que ratificará el proyecto SB81. La propuestas, impulsada por la mayoría republicana en el Legislativo de Utah con el respaldo de tres demócratas, da ciertas funciones migratorias a la policía, requiere que se verifique la situación migratoria de quienes solicitan beneficios públicos, transforma en delito estatal el transporte o alojamiento de indocumentados y prohíbe emitir o renovar permisos de negocios a quienes no demuestren "presencia legal" en el país. La ley entrará en vigor en julio de 2009. Por medio de su portavoz, Huntsman comentó que ese margen de más de un año "le dará tiempo al Gobierno federal para resolver este importante tema nacional". Ayer, los legisladores de Utah aprobaron otro proyecto, HB 171, que impone nuevas restricciones al uso de las llamadas "tarjetas de privilegio de conducir", que desde ahora ya no se podrán usar como forma válida de identificación para comprar bebidas alcohólicas o armas de fuego. El Pew Latin Center calcula que en Utah viven entre 55.000 y 85.000 indocumentados. Y, según la Oficina del Censo, un 12 por ciento de los 2,5 millones de habitantes de Utah es latino. Por su parte, el Comité Judicial de la legislatura de Nebraska rechazó la semana pasada el proyecto de ley LB963, que contaba con el respaldo del gobernador y del fiscal general del estado, y que tenía como propósito impedir el acceso de indocumentados a servicios públicos. La iniciativa, de haber sido aprobada, hubiese prohibido que las personas sin documentos recibiesen beneficios estatales como asistencia médica, pensión por incapacidad, acceso a viviendas económicas, educación superior, acceso a bancos de comida y pagos por desempleo, entre otros. Sin embargo, a pesar del revés legislativo, el gobernador Dave Heineman y el fiscal Jon Bruning dijeron que se sentían "optimistas" con la posibilidad de que los miembros del Comité Judicial vuelvan a debatir el proyecto antes de que termine la actual sesión, el 17 de abril próximo. En Nebraska residen entre 20.000 y 35.000 indocumentados. La población total es de 1,7 millones de personas, de los cuales unos 127.000 son latinos.

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