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Sensenbrenner celebró audiencia pública sobre inmigración ilegal

Patricia Giovine, agencia EFE. Desde El Paso, Texas. | 17 de Agosto de 2006 a las 00:00
El congresista republicano James Sensenbrenner, autor del polémico proyecto de ley de reforma migratoria de la Cámara baja del Congreso de EEUU, asistió este jueves en El Paso a una audiencia pública sobre inmigración ilegal. Sensenbrenner es el autor del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que autoriza un muro en la frontera con México, obliga a las empresas a verificar el estatus legal de sus empleados y convierte en criminales a los indocumentados y a quienes les ofrezcan ayuda. La audiencia, una de las varias que han impulsado congresistas republicanos en diferentes zonas del país, se llevó a cabo en El Paso en medio de fuertes medidas de seguridad que incluyeron el despliegue de agentes del alguacil, de unidades de la policía y el sobrevuelo de helicópteros. Una centena de manifestantes, algunos vestidos de payasos y otros portando cruces con nombres de indocumentados muertos, recibieron al legislador con gritos de "racista". La audiencia contó con cinco testimonios, entre ellos el del alguacil de El Paso, Leo Samaniego, quien dijo que México no ha respetado "nuestra frontera ni nuestra jurisdicción". Indicó que las agencias del orden público deben estar en disposición de apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza y recibir fondos para ello. Samaniego, que encabeza a la coalición de alguaciles fronterizos, sostuvo que México no quiere una división física entre ambos países, ya que ésta no obraría en su interés. "México recibe 20 millones de dólares al año por concepto de remesas, y no querrá que ese flujo económico deje de fluir a su territorio", manifestó. Agregó que México ha permitido que sus cárteles de droga operen en el sector mexicano de la frontera y que necesitan por ello de fronteras abiertas. Ante la pregunta de qué pasaría en caso de darle una amnistía a los indocumentados, el alguacil afirmó que el flujo migratorio indocumentado aumentaría y que nuevamente, "el problema se concentrará en la frontera". En tanto, el jefe del Departamento de Policía de El Paso, Richard Wiles, advirtió que la agencia a su cargo no apoyará a las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias. "No es nuestro papel, y no tenemos los recursos ni el tiempo para hacerlo", dijo. "Para quienes aseguran que la criminalidad aumenta con la inmigración yo les digo: el 75 por ciento de la población de El Paso es inmigrante, y somos la segunda ciudad más segura en Estados Unidos", añadió. El congresista Silvestre Reyes por su parte pidió mesura al hablar de México. "Nosotros tenemos en la frontera a ex alguaciles y ex trabajadores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la cárcel. La corrupción no se limita a un lado de la frontera", expuso. Los asistentes coincidieron en señalar que el Gobierno federal debe destinar mayores fondos a la Patrulla Fronteriza. Según Alison Siskin, analista social de la División de Política Social Doméstica del Congreso, en el 2000, los hospitales localizados en la frontera suroeste gastaron 189.600 millones de dólares no compensados en atención de emergencia a indocumentados. Sensenbrenner concluyó que el endurecer las leyes para castigar al empleador que contrata a indocumentados debe ser prioridad en la reforma migratoria que se apruebe. "Ningún muro, o recursos para la Patrulla Fronteriza serán efectivos, si no se frena la demanda laboral que trae diariamente a miles de inmigrantes al país".

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