Escúchenos en línea

Muro fronterizo divide a Gobierno EEUU y propietarios

Washington. Agencia Reuters. | 7 de Marzo de 2008 a las 00:00
Contemplando su modesta casa situada cerca de la frontera de Estados Unidos con México, Eloisa Tamez no puede imaginarse un muro frente a su propiedad. En febrero, Tamez presentó una demanda para evitar que el Gobierno estadounidense tomara medidas en sus terrenos para construir una valla de seguridad fronteriza. Eso la pone en la línea frontal de una batalla en la que la administración del presidente George W. Bush está impaciente por endurecer sus medidas contra la inmigración ilegal, en este año electoral. "Ellos está usando tácticas muy duras. Ellos quieren que simplemente de la media vuelta y diga que sí," dijo Tamez mientras contemplaba su terreno de 1,2 hectáreas, con dos pequeñas casas, remanente de un rancho que ha pertenecido a su familia desde el siglo XVIII. Washington planea construir 1.070 kilómetros de vallas en varios segmentos de la frontera de casi 3,200 kilómetros entre Estados Unidos y México, para frenar la inmigración ilegal. Más de 480 kilómetros ya están construidos, y el Gobierno estadounidense se está esforzando para completar la tarea este año, como lo decretó el Congreso. Pero la oposición por parte de los dueños de los terrenos podría retrasar el proyecto, ya que alrededor del 54 por ciento será construido en propiedad privada, según un reporte de una agencia gubernamental. "Hasta que los asuntos de la tierra sean resueltos, el factor continuará planteando un riesgo para cumplir el despliegue," dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). Tamez es una de muchos opositores al muro en la frontera. Algunos rancheros temen perder el acceso a bombas de irrigación, ecologistas están preocupados por la migración de especies en extinción como el jaguar y el ocelote, mientras que pescadores y dueños de botes no quieren quedarse sin ingreso directo al río. Y en estados como Texas y Arizona, las preocupaciones del Gobierno por la inmigración ilegal chocan con los apreciados derechos de los propietarios de la tierra, que han apoyado al Partido Republicano del presidente George W. Bush. "Ese era el sueño de todos, venir hasta acá a desarrollar el oeste y civilizarlo. Ahora el Gobierno viene diciendo «oh, bueno lo vamos a tomar de vuelta porque vamos a construir un muro». Eso es antiestadounidense," dijo John Ladd, un ranchero de Naco, Arizona, cuyas tierras abarcan 16 kilómetros de la frontera. El Departamento de Justicia ha presentado decenas de demandas buscando conseguir órdenes judiciales para poder tener acceso a los terrenos de la gente reacia y a la ciudad de Eagle Pass, Texas.

Riesgos de seguridad

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, argumentando "riesgos inaceptables" para el bienestar del país, ha prescindido de regulaciones ambientales vistas como obstáculos que retrasan la construcción del muro. "Recibimos objeciones de los tribunales, recibimos objeciones políticas, recibimos objeciones de la prensa, recibimos objeciones locales," dijo Chertoff en enero. "Pero al final, debemos de conseguir lo que creo el público estadounidense ha demandado sin lugar a dudas, que es la seguridad de la frontera. Y mientras yo quiero hacerlo de manera cooperativa y lo más suavemente posible, no podemos permitir el aplazamiento sin fin de lo inevitable," agregó. Como senadores, los precandidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton y Barack Obama votaron en favor del muro, pero en febrero hicieron un llamado a revisar el plan. Argumentaron que Bush no logró atender las demandas de los pobladores locales, y que existen fórmulas menos invasivas de seguridad fronteriza, como un sistema de alta tecnología usado en un tramo de 45 kilómetros en Arizona. La propiedad de Tamez se ubica a poco más de un kilómetro del Río Bravo, frontera natural entre los dos países, tras un dique construido hace 72 años para evitar inundaciones. El Gobierno edificó el dique en las tierras de su familia con tácticas similares a las aplicadas en la actualidad por el muro, dijo Tamez, profesora de enfermería en una universidad local. En esta ocasión, el Gobierno la quiere hacer firmar un permiso para remover cualquier cosa en el paso del muro, incluyendo casas y árboles, explicó. "Su plan era venir abrirse paso y tomar la tierra cómo lo hicieron en 1936 (...), pero voy a usar mi derecho estadounidense de defender mi propiedad," dijo.

Demanda conjunta

Tamez y otros propietarios en el Valle del Río Bravo están buscando presentar una demanda conjunta, con la finalidad de obligar al Gobierno a tomar pasos adicionales antes de seguir con la proyección del muro. El Gobierno dice que hizo muchas consultas entre los pobladores de la zona, y que en varias ocasiones trató de negociar los permisos para tomar medidas en los terrenos, antes de entablar juicios. "A la luz de las apremiantes restricciones temporales impuestas por el Congreso, Estados Unidos concluyó que no era posible un acuerdo con los propietarios, y por lo tanto necesarias las acciones legales," dijeron abogados del Gobierno en su respuesta a la demanda de Tamez. La GAO dijo que hasta diciembre, 148 de 480 propietarios no han accedido a autorizar el ingreso a sus tierras para tomar medidas para la construcción del muro. A mediados de febrero, la mitad de ellos accedió tras ser advertidos de que podrían ser llevados a los tribunales. El muro tiene poco apoyo en El Calaboz, región al sur de Texas con una fuerte presencia latina, que ha gozado de una bonanza económica que muchos atribuyen al libre comercio con México. Muchos mexicanos cruzan la frontera para hacer sus compras, la industria agrícola depende de la mano de obra mexicana y muchas familias tienen miembros en ambos lados de la frontera. Activistas locales se han agrupado en una organización llamada "No Border Wall" (No Muro Fronterizo). "¿Cuándo entenderá la gente que los muros no funcionan?," preguntó Maria Sanchez, una monja de la localidad.

Descarga la aplicación

en google play en google play