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Oposición en EE.UU. a orden para deportación de inmigrante

Agencia PL. Desde Washington. | 21 de Agosto de 2006 a las 00:00
Defensores de derechos humanos intentan en Estados Unidos impedir la deportación de la inmigrante indocumentada Elvira Arellano, quien se refugió junto a su hijo en una iglesia de Chicago para protegerse de ese mandato. Funcionarios de la Agencia de Inmigración y Aduanas alegaron que Arellano violó de forma voluntaria las leyes del inmigrante al evitar presentarse ante las autoridades, sin aportar más elementos al respecto. Analistas consideran que la orden de expulsión se adopta en represalia por la activa participación de la inmigrante en actividades para la defensa de los derechos de los indocumentados en suelo estadounidense. El representante del grupo Mi Familia Vota, Martín Manteca, indicó que en Phoenix activistas sociales prevén la realización de una vigilia en respaldo de la activista. Arellano es el rostro del movimiento inmigrante, aseguró Emma Lozano, directora ejecutiva del grupo Centro Sin Fronteras en Chicago, quien se mantiene en el interior de la iglesia con otros fieles junto a la perseguida. Por su parte, Dolores Huerta, líder de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos anunció que viajará a la ciudad de Chicago en las próximas horas para apoyar a la activista por los derechos civiles. Arellano, de 31 años de edad, declaró a medios de prensa que le manifestó al pastor de la institución religiosa metodista la necesidad de quedarse en este país para acompañar a su niño Saúl, de sólo siete años, quien tiene la ciudadanía estadounidense. La madre del menor, manifestó que al plantear su deportación lo que en realidad quiere el Departamento de Inmigración es separarla de su familia. "Todo Estados Unidos va a saber lo que es capaz de hacer un gobierno con tal de separar a una familia", detalló Arellano. Desde el inicio de las marchas de inmigrantes en marzo de este año, los agentes de inmigración estadounidenses aumentaron las operaciones para detener a muchos de los 12 millones de indocumentados que permanecen en suelo estadounidense. Luego de un registro en su casa en Miami, el pastor Enrique Pacheco, activista de Orientación del Inmigrante, fue notificado con una orden de deportación, lo cual demuestra que el caso Arellano no es un hecho aislado, sino parte de la política gubernamental. Tales acciones contra los indocumentados, ocurren en medio de un polémico debate por la reforma de las leyes migratorias en el país. La Cámara de Representantes, a instancias del Partido Republicano, realiza audiencias en territorio estadounidense para discutir un proyecto de ley que contempla el aumento de sanciones contra los indocumentados y sus empleadores, entre otras medidas. El Senado, por su parte, presentó un plan propuesto por los demócratas para legalizar a personas sin documentos y ofrecerles posibilidades de empleo.

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