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Entre el desempleo y la discriminación

Diario La Prensa de New York. Desde Farmingville, New Jersey. | 24 de Agosto de 2006 a las 00:00
Luciano Rojas no oculta su desesperación por la falta de trabajo y ya sólo piensa en reunir 600 dólares para retornar a su natal México. "La cosa se ha puesto canija en este pueblo. Todo mundo nos mira con desprecio y los contratistas no quieren arriesgarse a darnos trabajo por temor a la policía", dice el mexicano, al mismo tiempo que observa a dos compañeros que apenas logran conseguir empleo. Para la mayoría de los jornaleros de Farmingville, la situación se ha complicado en los últimos días, luego de que el presidente del condado, Steve Levy, propusiera una ley que negaría cualquier negocio con contratistas que tengan en sus planillas a trabajadores indocumentados. "Ahora nos sacan incluso del 7 Eleven, porque el propietario no quiere que estemos por mucho tiempo afuera del negocio, porque supuestamente los clientes se sienten atemorizados por nuestra presencia. A eso agrégale que todas las mañanas se paran personas con banderas de Estados Unidos y nos gritan que nos vayamos del país", dice otro jornalero, que no quiso identificarse. Los trabajadores insisten en reunirse sobre la avenida Ocean, pese al acoso de la policía, que aplica severa multas a cualquier contratista. "Algunos contratistas nos levantan pese a la multa. Pero al final del día nos quieren pagar menos por la multa", dice uno de ellos. No muy lejos de ahí, en la intersección de las calles Starling y Horseblock Rd., un grupo de mexicanos se acerca a una camioneta para negociar un día de trabajo. "Aquí nadie nos echa la mano. Muchos de nosotros participamos en las marchas por la reforma migratoria y no se ha conseguido nada", dice un trabajador que prefirió identificarse como ‘Pancho Villa’. "Ahora no tenemos trabajo por culpa del presidente del condado, quien ahuyenta a los patrones". Con la última propuesta del condado, los jornaleros no sólo ven frustrados sus deseos de trabajar, sino que, según dicen, han llegado a extremos de buscar ropa y alimentos en los cestos de basura. "Nadie nos da chamba y para colmo, no puedo ir a un Burger King o a otro sitio para pedir trabajo pues te piden papeles", dice otro jornalero, quien prefirió no identificarse. Para Jesús Prado, originario del estado de México, "el que se ponga vivo come primero", lo que pone en una dura competencia a los propios jornaleros. "Cuando no hay trabajo, juntamos dinero entre todos y comemos lo que se pueda", dice Prado. En el restaurante Tex Mex Diner, el acoso de las autoridades contra los jornaleros ha afectado en gran medida su negocio, "pues más del 60 por ciento de mis clientes son jornaleros y si no tienen dinero, pues obviamente no van a venir al restaurante", señala Gabino Ramírez, encargado del negocio. Calificó la propuesta de Levy de racista, en donde las víctimas son los propios hispanos. Carlos Canales, de la organización Workplace Project, consideró la iniciativa como contraproducente, pues afectará a los propios comerciantes. "Levy es el Hitler de los inmigrantes, que busca popularidad a través de estas medidas racistas". Ed Dumas, director de comunicaciones de Suffolk, rechazó que la propuesta tenga como dedicación a los jornaleros en particular y a la comunidad hispana en general. "La propuesta de ley está dirigida a cualquier dueño de negocio y no a sus trabajadores. Lo que intentamos hacer a través de esta ley es detener la explotación que llevan a cabo personas inescrupulosas en contra de los inmigrantes indocumentados". Explicó que la propuesta del condado no es ninguna novedad y que sólo se está aplicando una ley de inmigración que rige a nivel nacional. "Nosotros vamos a aplicar la ley y revisaremos la planilla laboral de los contratistas a través del Departamento del Trabajo para evitar que se siga contratando inmigrantes indocumentados". Los afectados La propuesta del presidente del condado, Steve Levy, que cuenta con oponentes, afectaría a cerca de 6,000 compañías. La ley del condado tendría el propósito de respaldar un estatuto federal existente que pide que los empleadores sustenten con documentos que sus empleados no son indocumentados. De ser aprobada la propuesta, la primera multa deriva por una falta sería de hasta 2,000 dólares y seis meses de cárcel. Una segunda violación conllevaría una multa de hasta 2,000 dólares por cada trabajador ilegal. Tras una tercera violación, las empresas ya no podrían obtener licitaciones del condado. Se programó una audiencia pública para el martes y se espera que la legislatura del condado vote el próximo mes sobre la propuesta. Pensilvania, y Riverside, Nueva Jersey, recientemente han aprobado medidas similares, pero éstas han sido apeladas en corte. Entre otras medidas que se han aprobado en contra de los inmigrantes en el condado de Suffolk destacan: La prohibición de apostarse en algunos lugares a solicitar trabajo. Ley que impide a dueños de viviendas rentar a inmigrantes. Propuesta de ley que exige a empresas que hacen negocios con el condado certifique que sus empleados radican legalmente en Estados Unidos.

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