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Votan expandir cárcel privada de inmigración en Denver

Denver. Agencia EFE. | 10 de Abril de 2008 a las 00:00
Las autoridades de Aurora, ciudad al este de Denver, aprobaron la expansión de una cárcel privada para indocumentados, luego que el presidente de la constructora prometiese más de cien millones de dólares para la economía local. La Comisión de Planificación y Zonas de Aurora autorizó anoche, por cinco votos a favor y uno en contra, que el Grupo GEO comience a construir un centro de detención que, con un costo de 72 millones de dólares, eventualmente alojará a 1.100 personas, incluidas mujeres y niños. Tras la aprobación, el comisionado Dexter Harding, el único que votó en oposición a la medida, explicó que su voto se había contado incorrectamente y pidió que también se lo incluya entre los votos positivos. La comisión se inclinó por la propuesta de GEO luego que George Zoley, presidente de esa empresa, explicase que las nuevas instalaciones cumplirán con los códigos de Aurora, que los salarios que se pagarán crecerán de 7,7 millones de dólares en la actualidad a 21 millones de dólares, y que el proyecto aportará 122 millones de dólares para esta ciudad. Zoley explicó ante la comisión que la actual cárcel de inmigración en Aurora (también operada por GEO) tiene lugar sólo para 400 personas, por lo que la capacidad de ese centro de detención usualmente se ve desbordada. La nueva cárcel solucionaría ese problema. Por su parte, durante la misma reunión pública, el Reverendo Patrick Demmer, de la Iglesia Graham Memorial Community Church en Denver, aseveró que "hay algo moralmente equivocado cuando se privatizan las prisiones", dado que abre la oportunidad para que las cortes "produzcan suficientes prisioneros" para esas cárceles. Demmer, quien es miembro de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés), advirtió que GEO "no goza de buena reputación", en referencia a varias demandas en contra de esta empresa, incluso por parte de ex empleados, y investigaciones realizadas por el gobierno federal. Pero según David Lathers, abogado que representa a la ciudad de Aurora, la Comisión de Planificación y Zonas "no tiene autoridad para decidir sobre temas morales o sociales, sino solamente sobre el uso de terrenos". Lathers explicó que existen once criterios que la comisión utiliza para aprobar proyectos de construcción, incluida jardinería, desagües, arquitectura, y guías vecinales. Por eso, dijo, "todo otro tipo de comentarios no son aceptables". Miram Peña, directora de la Coalición Progresista de Colorado, lamentó que "sólo se acepte hablar de negocios pero no de ética". "Que una empresa privada gane 30 millones de dólares al año por detener a indocumentados es un claro ejemplo de por qué necesitamos una reforma inmigratoria", opinó.

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