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Los jóvenes inmigrantes encerrados en la UdG piden un nuevo modelo de acogida

Girona. Agencias | 3 de Marzo de 2020 a las 15:22

La treintena de jóvenes inmigrantes encerrados desde este lunes en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona reclama a la Generalitat un nuevo modelo de acogida.

A través de un comunicado, los participantes en la protesta, denominada Encierro por Derechos, reclaman a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dependiente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que velen por la calidad de los centros a los que llegan con una acción educativa no punitiva.

También se reclaman que se acabe con la externalización de servicios, que aumenten las medidas del área de apoyo y que haya más opciones residenciales y ayudas económicas.

Los jóvenes han explicado que forman parte de un colectivo de una cuarentena de chicos y chicas que, al cumplir la mayoría de edad, han sido expulsados de diferentes centros de la provincia de Girona y que están acogidos por familias en algunos casos, aunque algunos duermen en la calle y otros en casas ocupadas.

El encierro, que se lleva a cabo con permiso de la UdG y que es indefinido, incluye otras reivindicaciones como que se garanticen los permisos de residencia y trabajo, empadronamiento, acceso a tarjeta sanitaria y a recursos para obtener vivienda.

Al Departamento de Trabajo le reclaman un permiso de trabajo automático para todos los jóvenes tutelados que entran en edad laboral.

A los Mossos d'Esquadra y otros cuerpos policiales, que acaben con las identificaciones por "perfil étnico" y que se acaben con "los maltratos".

La petición al ayuntamiento de Girona es la de que se encargue de la formación de estos jóvenes y que consolide un espacio de encuentro para ellos, a la vez que les facilite el empadronamiento en equipamientos municipales como derecho básico y que brinde opciones de vivienda protegida.

Al Gobierno de España se le reclama una modificación del reglamento de extranjería que conceda permisos de residencia y trabajo a los menores que se encuentran bajo tutela o lo han estado anteriormente, así como que agilice los trámites administrativos y que se respete la presunción de inocencia en las causas penales, a la vez que se acaba "con la amenaza de expulsión".

Por último, los jóvenes se dirigen a los consulados de los países de origen, especialmente al de Marruecos, y le reclaman que facilite las gestiones documentales.

Desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sicales y Familias se ha emitido también un comunicado para asegurar que, desde sus Servicios Territoriales en Girona, están en contacto con los organizadores de la protesta para visitar a los inmigrantes encerrados "en breve".

El objetivo es conocer cada caso para saber si se trata de extutelados o de jóvenes que han llegado a España siendo mayores de edad para buscar una solución con el resto de administraciones y evitar que duerman en la calle.

La Generalitat rechaza en el comunicado las acusaciones "de maltrato y racismo institucional en los centros de acogida de menores", así como la de abandonar a los inmigrantes que cumplen dieciocho años.

Como justificación de que esta última afirmación es falsa, se aporta el dato de que, en Cataluña, se atiende actualmente a 5.901 adolescentes y jóvenes, de los que la mitad son mayores de edad, cifra que se sitúa en 589 en el caso de Girona, de los que el 51 por ciento ya ha alcanzado la edad adulta.

El texto recuerda que la regularización de situación administrativa es competencia del Estado y considera un "reto" el acompañamiento a los mayores de dieciocho años.


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