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La Abogacía española afirma que las 'devoluciones en caliente' vulneran los derechos humanos

Madrid. Agencias | 3 de Marzo de 2020 a las 15:24

La polémica desatada con la política estatal de las llamadas 'devoluciones en caliente' le ha traído ya varios dolores de cabeza al Gobierno.

Y es que la Abogacía española la ha plantado cara a la sentencia de la Justicia europea que avala las deportaciones inmediatas de inmigrantes que buscan entrar a España a través de las rutas ilegales en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos.

El revés que sufre el gobierno de Pedro Sánchez ahora pasa porque, luego de que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, asegurara que las devoluciones en caliente se seguirán ejecutando como parte de la política española de lucha contra la inmigración ilícita, un importante órgano del Estado contradice a La Moncloa y se coloca en una posición subversiva frente a una sentencia de la que el Gobierno podría sostenerse para mantener su actual contingencia proteccionista en materia de migración en la frontera con el norte de África.

"La sentencia vulnera los derechos de la Convención de los Refugiados y permite la expulsión sumaria de inmigrantes a consecuencia de su propia conducta. Se pierde el derecho a solicitar protección internacional. Sacude los cimientos del principio de no devolución", expresa un comunicado de la Abogacía General del Estado. Y también envió un mensaje al Gobierno español: "Que la gestión de fronteras se realice con garantías jurídicas".

El argumento lo construyó el Consejo General de la Abogacía, el órgano que reúne y representa a todos los colegios profesionales de España. Los responsables del consejo han tenido 24 horas para estudiar los 122 folios de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, este jueves, dio cobertura legal a las expulsiones exprés en frontera.

El Consejo de la Abogacía sostiene que la sentencia "entra en colisión" con la Convención de Ginebra para los Refugiados de 1951, por lo cual su argumento se basa en que esa sentencia sería írrita porque contraría los principios humanistas de la atención a los refugiados en materia migratoria como parte de la política de 'brazos abiertos' de la Unión Europea, parte fundamental de los cánones fundadores del bloque comunitario.

Y además, la Abogacía apunta que el fallo de los 13 magistrados de Estrasburgo marca "una nueva concepción legal de las devoluciones en caliente que choca con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las garantías procedimentales que le son debidas a cualquier persona", por lo cual se deja entrever que la posición de ese órgano colegiado seguirá apegada a los efectos inamovibles del derecho internacional humanitario para regular la política migratoria española a pesar de la actual metodología de su ejecución que aplica el Gobierno de Sánchez.


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