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Conozca el ABC de la regla de carga pública

Washington. Agencias | 4 de Marzo de 2020 a las 15:47

La regla de carga pública entró en vigencia el pasado 24 de febrero. Ahora mismo uno de cada cuatro niños que viven en Estados Unidos tiene a un padre o a una madre inmigrante preguntándose si debe suspender Medicaid, los cupones de alimentos o el almuerzo escolar de sus hijos.

Antes de tomar una decisión sepa que la carga pública no afecta a todos los inmigrantes, cada caso y en cada estado son diferentes, puede ser que muchos de los beneficios no están en la lista de cambios. Esta no es una medida retroactiva, solo afectará a quienes empezaron su trámite de la residencia desde del 25 de febrero. Si a partir de ese día hace uso de uno o varios beneficios federales podría no conseguir la residencia.

Durante una charla con proveedores de salud, Alicia Wilson, promotora de justicia social, enumeró seis factores determinantes para que la residencia sea rechazada o aceptada: condiciones de salud, extensión de la familia, edad, ingresos económicos, educación, habilidades laborales y patrocinador (quien por cierto deberá documentar más que antes sus capacidades para auspiciar al beneficiario de la green card) en caso de pretender la residencia por razones de trabajo.

En esta lista la carga pública solo será un componente más, que en opinión de Wilson “es un ‘concurso de la fortuna’ que afectará sobre todo a los pobres”. Unos 26 millones de personas serán afectadas. Para Wilson la batalla no está perdida aún, siguen las apelaciones y en primavera vendrán los contrargumentos a la decisión de la Corte Suprema, por considerarla que es discriminatoria. Aquí le ofrecemos una guía de los cambios:

Los afectados. Quienes a partir del 25 de febrero apliquen por primera vez para obtener la residencia pasarán por un examen de varios factores. Lo más alarmante es que si usted hace uso de algún beneficio federal por 12 meses, en un período de 36 meses, sus probabilidades de obtener la residencia disminuirían. La lectura de Wilson y de las organizaciones que trabajan en defensa de los inmigrantes es punzante. Según ella, el uso de beneficios será solo un factor porque quienes más sufrirán el impacto, aunque no hagan uso de las ayudas federales, serán las familias numerosas, los enfermos, los mayores de 61 años, los menores de 18 y los desempleados. Quienes tienen un mal crédito, no poseen un diploma profesional ni entrenamiento laboral y sus ingresos son insuficientes entran en la lista de perjudicados. Tendrán más probabilidades de pasar el “examen de la fortuna” familias pequeñas, personas jóvenes y saludables, con un nivel de educación medio hacia arriba, que hablen inglés, tengan destrezas, un buen ingreso económico y títulos universitarios de aquí o de su país. El Servicio de Inmigración ya actualizó su información en internet e indica que para determinar si la solicitud de residencia es admisible se tomarán muy en cuenta los parámetros que Wilson los considera discriminatorios e injustos.

No afectados. Los refugiados, asilados, residentes permanentes, sobrevivientes de violencia doméstica, portadores del TPS, de las visas T, U, algunas visas juveniles, ciudadanos naturalizados y residentes permanentes no serán perjudicados; en este último caso si va a abandonar el país por seis meses, consulte con un abogado antes de viajar. Quienes tampoco serían discriminados son aquellos que tienen un seguro médico privado, nunca se han enfermado ni han usado un beneficio público.

Beneficios afectados. El programa de Asistencia y Suplemento Nutricional (SNAP), conocido como “Food Stamps”, está en la lista de carga pública. También se incluye el subsidio de renta solo si es federal y la asistencia a quienes están en la sección 8. Medicaid está en este grupo, pero se hará excepciones en casos de emergencias, para menores de 21 años, embarazadas y madres lactantes hasta dos meses después del parto. Los sustentos financieros temporales para familias pobres y la tercera edad, conocidos como TANF y SSI están incluidos para el control de carga pública.

Beneficios no afectados. Los desayunos y almuerzos escolares están fuera de esta regla. El programa nutricional WIC, los bancos de alimentos, los shelters, las clínicas y servicios de salud financiados por el estado o por el gobierno local no son parte de este análisis. Por ejemplo en DC el seguro médico Alliance, ni los seguros logrados a través de Obamacare están afectados.

Qué hacer. La carga pública es una regla tan engañosa que está poniendo a toda la red de asistencia social en peligro, por eso es importante informarse primero. No suspenda los beneficios sin saber si están en la lista de carga pública. Recuerde que cada ayuda en cada estado puede ser diferente. Después tome decisiones, las recomendaciones de Wilson son: haga lo posible por mantenerse saludable usted y su familia, y añada a su aplicación de residencia factores positivos como educación, idioma y destrezas laborales.


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