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«Hay que expulsarlos antes de que nos invadan»

Diario El Universal, México. Desde Escondido, California | 28 de Agosto de 2006 a las 00:00
Cuando a mediados de agosto la concejal de la ciudad de Escondido, Marie Waldron, propuso la penalización de todas aquellas personas que alquilaran viviendas y ofrecieran trabajo a indocumentados, una voz se logró escuchar entre el abucheo generalizado de los asistentes: "¡Marie, tú lo único que buscas es ganar un escaño en la Asamblea de Sacramento con tu mierda racista. Todo mundo sabe que éstos ataques contra los inmigrantes son parte de tu estrategia política!". La denuncia, en boca del consejal, Rob Newman, añadió elevadas dosis de crispación a una asamblea que debatía la aprobación de una iniciativa que pretende la criminalización de los empresarios y propietarios de viviendas que acepten el trabajo y el dinero de los indocumentados en una ciudad que concentra 42% de la población latina al noreste de San Diego. La propuesta, que busca revocar licencias a empresas y negocios que contraten indocumentados; desterrar el uso del idioma español de las instituciones públicas y prohibir el alquiler de viviendas a inmigrantes sin papeles, se ha convertido así en la piedra de toque de una campaña política que pretende relanzar la candidaturas de un puñado de candidatos independientes y republicanos para las elecciones de noviembre a la Asamblea de California. Inspirada en la iniciativa antinmigrante que se debate en la localidad de Hazelton, en Pensilvania, la propuesta promovida por un grupo de concejales republicanos de Escondido se ha hecho eco de una campaña que pretende frenar "la invasión que llega desde México" y que se ha extendido como reguero de pólvora en media docena de localidades como Riverside, California; Valley Park, Missouri; Riverside, Nueva Jersey; Kennewick, Washington y Avon Park y Pam Bay, en Florida, entre otras. "Hoy, estar contra la inmigración ilegal se ha convertido en una de las más efectivas armas de los políticos para mantenerse en el cargo o para arrebatar posiciones en el seno del Congreso y el Senado", aseguró Enrique Morones, de la organización Angeles de la Frontera que se ha sumado a la coalición de organizaciones que pretenden frenar ésta nueva campaña antinmigrante. "Los reclamos de éstos políticos y grupos antinmigrantes nos indican que estamos en plena campaña política pero, también, que nos encontramos en lo que podría ser la antesala de una sistemática campaña de expulsión que pretende depurar a Estados Unidos de la población latina o hispana, a la que se asocia con el crimen, con el terrorismo y con los peores males y enfermedades. Es una campaña que está beneficiando a una larga lista de candidatos del Partido Republicano que rehuyen del fracaso de la guerra en Irak", aseguró Morones. Si bien, la actual campaña para "detener la invasión" que viene desde México tiene un componente político-electoral, para una larga lista de analistas el problema más allá que una simple estrategia puntual de campaña política: "Lo que está detrás de este movimiento es un síntoma de lo que está ocurriendo en Estados Unidos frente al añejo fenómeno de la migración. Es un fenómeno que va más allá de una estrategia política y que refleja la forma en que mucha gente ve a los inmigrantes", aseguró Héctor Villagrá, abogado de la Unión Americana en Defensa de las Libertades Civiles (ACLU), una organización independiente que se ha empeñado en denunciar la ilegalidad de este tipo de iniciativas por su carácter inconstitucional. "La batalla para defender el derecho de los indocumentados al trabajo y a una vivienda, es una batalla que hoy tiene más sentido que nunca. Porque, negar un derecho constitucional es algo que va contra el espíritu de nuestra nación. Y el día que se aprueben éste tipo de iniciativas, Estados Unidos dejará de ser lo que ha sido. Porque se van a traicionar principios fundamentales que ha consagrado nuestra Constitución", sentenció Villagrá.

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