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Inmigrantes Virginia exigirán en la calle respeto a sus derechos

Luisa Fernanda Montero, agencia EFE. Desde Washington. | 31 de Agosto de 2006 a las 00:00
Los trabajadores inmigrantes de Culpeper, Virginia, han comenzado a organizarse y se manifestarán el sábado contra la pretensión de las autoridades de limitar sus derechos y sus beneficios en lo que a salud y educación se refiere. En Culpeper, una pequeña ciudad del norte de Virginia que en los últimos tiempos ha sido destino de muchos inmigrantes, el concejal Steve Jenkins pretende impedir legalmente que los indocumentados disfruten los beneficios de los ingresos fiscales y busca limitar el número de habitantes por vivienda. "Quiere que se apliquen sanciones como las que pasaron en Hazelton (Pensilvania), en donde el Ayuntamiento aprobó multas de hasta mil dólares a quienes alquilen vivienda a inmigrantes indocumentados", dijo Ricardo Juárez, presidente de Mexicanos sin Fronteras, en Virginia. Indicó que la propuesta, que aun no ha sido votada en el concejo, busca restringir el acceso de los indocumentados a los servicios de salud y educación y negar las licencias de negocios. "También se están quejando de la presencia de los jornaleros", agregó Juárez, tras señalar que a partir de la iniciativa se han incrementado los sentimientos racistas en la comunidad. "Como madre de familia me siento muy mal, mi hijo es nacido aquí, yo no quiero que el día de mañana nadie lo trate mal, nos estamos sintiendo acosados", declaró Erika Torres, una inmigrante hondureña que desde casi un año vive en Culpeper a donde llegó proveniente de la cercana ciudad de Manassas. "Estoy indignada", afirmó y recalcó que como ella muchos inmigrantes se han hecho propietarios en la ciudad y constituyen una parte importante de su desarrollo económico. "No nos pueden cerrar las puertas porque nosotros estamos haciendo que esta ciudad prospere", manifestó Torres, quien con sus vecinos se dirigirá a la alcaldía de Culpeper para demandar el respeto de sus derechos civiles y buscar el apoyo de una comunidad que hasta hace poco era abierta y amigable. "No podemos hacernos cargo de los problemas que genera la inmigración ilegal en nuestra ciudad", aseguró el concejal Jenkins, al enfatizar que es indispensable "proteger" a la ciudadanía y que eso es imposible si no existen los recursos para determinar "quien es quien". "Cada individuo debe tener los documentos que indica la ley", resaltó. "Es ilegal estar sin documentos en este país". Jenkins sostiene que su propuesta no esta basada en aspectos relacionados con raza, color, origen o género, si no que parte del principio básico que indica que la ley es para cumplirla. Resaltó que no cree que su propuesta genere sentimientos racistas en su comunidad. Ante los planteamientos que indican que el tema migratorio corresponde a la instancia federal, respondió que "de una u otra forma todos los temas son también locales" y que está buscando la forma de encontrar apoyo en el Congreso. Entre quienes lideran el movimiento cívico que busca hacerle frente a la iniciativa está Martín Bernal, un comerciante de origen mexicano que vive en EEUU desde más de 18 años. "No estamos de acuerdo con esta idea de atacar a los hispanos", afirmó Bernal, quien dejó claro que respeta las ideas del concejal Jenkins porque, al fin y al cabo, este es el país de las libertades, pero que continuará liderando la lucha para impedir que se ataque a su comunidad. En Hazleton (Pensilvania), el concejo municipal aprobó recientemente una serie de leyes que afectan a los inmigrantes indocumentados y a quienes les apoyan. Hazleton penaliza a los empleadores que contraten inmigrantes indocumentados y a quienes les alquilen propiedades y declaró el inglés como la lengua oficial de la localidad.

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