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Eliminan deportación voluntaria, pero no habrá tregua redadas

Washington. Agencia EFE. | 22 de Agosto de 2008 a las 00:00
El Gobierno de EEUU eliminó este viernes un plan piloto de deportación voluntaria al que sólo se sumaron ocho personas de un total de 30.000 esperadas, y afirmó que no habrá tregua en las redadas en viviendas y sitios de empleo. "No considero que el programa haya sido un fracaso", como alegan grupos pro-inmigrantes y detractores del plan, dijo durante una conferencia telefónica Jim Hayes, director interino de la oficina encargada de las deportaciones, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El plan piloto, que concluye este viernes de forma definitiva, fue puesto en marcha el 5 de agosto en cinco ciudades: Santa Ana y San Diego, en California; Phoenix (Arizona); Charlotte (Carolina del Norte), y Chicago (Illinois). Las autoridades habían anunciado el programa como una alternativa para los inmigrantes clandestinos que desearan salir voluntariamente del país y no correr el riesgo de ser arrestados en sus domicilios y sitios de trabajo. Se calcula que unas 30.000 personas en esas cinco ciudades eran elegibles para inscribirse en el plan piloto que, de haberse ampliado al resto del país, hubiese abarcado a un universo de 457.000 personas sin antecedentes criminales y que hicieron caso omiso a las órdenes de deportación. Hayes insistió este viernes en que la llamada "Operación Salida Programada" no fue un fracaso, pese al bajo número de personas que se inscribieron, porque, en paralelo, las autoridades arrestaron en las últimas tres semanas a 1.300 inmigrantes indocumentados en todo el país. Además, continuó, el plan piloto supuso un "ahorro" de 13.000 dólares para el Gobierno, si se toma en cuenta que el DHS invirtió 41.000 dólares para el programa y que las detenciones de esos individuos hubiese supuesto un gasto de 54.000 dólares. Para Hayes, en todo caso, los resultados de este plan piloto solo confirman que "la forma más eficaz...de resguardar la seguridad del país es la aplicación de las leyes de inmigración". En otras palabras, las medidas policiales, como las redadas, que han sido objeto de críticas dentro y fuera de los pasillos del Congreso estadounidense. Así, Hayes explicó que el Gobierno cuenta con un total de 104 equipos dedicados a la detención de inmigrantes "fugitivos", y las autoridades prevén arrestar a más indocumentados este año que en 2007. El año pasado, las autoridades de inmigración realizaron más de 30.000 arrestos. El plan piloto daba a los inmigrantes clandestinos sin antecedentes criminales un plazo máximo de 90 días para poner sus cosas en orden y abandonar el país de forma voluntaria, como alternativa a un arresto y deportación forzada. El programa, que se anunció en medios de comunicación en español, no tuvo buena recepción entre grupos que abogan por una reforma migratoria integral. Hayes culpó a los detractores de la baja respuesta del plan. Según Hayes, esos grupos -que no identificó por nombre- incluso aconsejaron a la gente a que no se inscribiera en el programa porque "lo que no les gusta es que se hagan cumplir las leyes". "Habíamos esperado más colaboración de los grupos (pro-inmigrantes)...continuamos intentando trabajar con ellos", afirmó Hayes, quien dejó en claro que el Gobierno continuará las redadas pese a las críticas. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) continuará cumpliendo con su obligación, establecida por el Congreso, de identificar, localizar y expulsar a los "extranjeros fugitivos", subrayó Hayes. Las personas que se prestaron a su "auto-deportación" incluyó a un inmigrante estonio en Phoenix, un mexicano en San Diego, un guatemalteco y dos de India en Chicago, otro guatemalteco en Santa Ana, un salvadoreño en Charlotte, y un libanés en Santa Ana. Algunos de ellos se presentaron a las autoridades con boleto de avión y pasaporte en mano, señaló Hayes. Los ocho individuos que optaron por su salida voluntaria aún no lo han hecho, pero las autoridades de inmigración se trasladarán a los aeropuertos para verificar su salida de Estados Unidos. Su salida quedará registrada en una base de datos electrónica a la que tendrán acceso las autoridades en todo el laberinto migratorio del país. Por ley, estas personas tendrán prohibida la entrada al país por un período de diez años, a menos que el Congreso modifique el sistema migratorio en vigencia.

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