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Muchos indocumentados viven en viviendas públicas

San Diego. La Voz.com. | 2 de Enero de 2009 a las 00:00
Un apreciable número de indocumentados reside en viviendas públicas precisamente cuando centenares de miles de estadounidenses y residentes legales tienen que aguardar años para recibir una. Los inmigrantes ilegales integran una diminuta proporción de los 7,1 millones de personas que viven en viviendas costeadas y mantenidas por el gobierno federal, según las estadísticas gubernamentales. Empero, las autoridades quizá desconozcan la situación de miles más, y los detractores de esa situación sostienen que ningún indocumentado debería recibir beneficios públicos de vivienda. El tema acaparó los titulares de los diarios en noviembre con la noticia de que Zeituni Onyango, una tía del presidente electo Barack Obama, vivía en Boston en una vivienda pública al mismo tiempo que residía ilegalmente en el país. El gobierno federal, que financia la mayor parte de las viviendas públicas del país, requiere solamente que los inmigrantes indocumentados compartan una vivienda al menos con un familiar que resida legalmente en Estados Unidos y paga su parte del alquiler. Aunque no existen estadísticas confiables sobre el número de indocumentados que viven en viviendas públicas, el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal -HUD por sus siglas en inglés- indicó que 29.570 personas -el 0,4% de todas las que residen en esos domicilios- son "extranjeros sin derecho" a esos beneficios. Algunos quizá tengan visados temporales, como profesionales con estudios avanzados o universitarios, pero al parecer muchos más son inmigrantes ilegales. El director del Centro para la Investigación sobre inmigración, Población y Política Pública, de la Universidad de California en Irvine, Frank Bean, estimó que por lo menos la mitad de los extranjeros sin derecho a esos beneficios -unos 15.000- son inmigrantes ilegales con hijos nacidos en Estados Unidos. Todas las personas nacidas en territorio estadounidense reciben automáticamente la ciudadanía, lo que permite a sus familiares recibir el beneficio de una vivienda pública federal. Las estadísticas de HUD no ofrecen una visión completa de cuántos inmigrantes ilegales residen en viviendas públicas.

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