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Jueces piden más recursos para afrontar ola de casos migratorios

Nueva York. AFP. | 20 de Febrero de 2009 a las 00:00
El sistema judicial migratorio de Estados Unidos necesita más recursos para afrontar la avalancha de casos de deportación a causa del endurecimiento de las leyes, coincidieron este viernes jueces y altos funcionarios estadounidenses. Una reforma migratoria global, para determinar la suerte de unos 12 millones de indocumentados en el país, ayudaría a aclarar el horizonte a largo plazo, explicaron los expertos en un debate en el instituto Brookings. "Nos enfrentamos a casos cuyas decisiones no han sido totalmente fundamentadas. (...) Muy a menudo la calidad de la defensa (legal) es muy deficiente. Es algo muy perturbador", declaró el juez federal Robert Katzmann, magistrado del Segundo Circuito de Apelaciones de Nueva York. Entre marzo de 2002 y marzo de 2008, al mismo tiempo que en Estados Unidos se endurecían las leyes y los controles internos, el segundo circuito de Apelaciones en Nueva York presenció un aumento de más de 1.400% de casos migratorios, explicó este juez. "En el circuito teníamos una tradición de argumentación oral" entre defensa y acusación, típico del sistema judicial estadounidense, que se vio seriamente afectada por ese alud de casos, dijo el juez. "No niego que el sistema migratorio judicial se ha visto afectado en el pasado, tanto por (gobiernos) republicanos y demócratas, pero espero que el nuevo fiscal general afronte este tema", declaró Juan Osuna, jefe de la Junta de Apelaciones del departamento de Justicia. Los tribunales migratorios en primera instancia dependen del departamento de Justicia. Los aproximadamente 220 jueces en todo Estados Unidos encargados de resolver peticiones de asilo o de decretar expulsiones tuvieron en promedio unos 1.240 casos cada uno en 2007. Un juez de distrito federal tiene en promedio 483 casos, según datos del Instituto Brookings. Poco antes de abandonar el cargo en enero, el fiscal general del gobierno de George W. Bush, Michael Mukasey, decidió que los extranjeros indocumentados ya no tenían derecho constitucional de apelar su deportación aunque su defensa cometió errores. Esa decisión, que rompió con un precedente de 15 años, endureció visiblemente las oportunidades de apelación de los ilegales, reconoció Osuna, quien aseguró que el nuevo fiscal general, Eric Holder, está estudiando anular esa decisión. Para desbloquear los tribunales son necesarias "decisiones bien escritas" de los jueces de temas migratorios, y "fortalecer el proceso de apelaciones de la Junta", pidió Andrew Schoenholtz, profesor de Derecho de la universidad de Georgetown. "Una solución a largo plazo a algunos de esos temas sería una reforma migratoria global", explicó Osuna. "No soy optimista de que vaya a suceder a corto plazo", añadió. Mientras tanto, jueces y abogados deben organizar seminarios en todo el país para mejorar la defensa legal de los indocumentados, sugirió el juez Katzmann. "No podemos esperar cambios más dramáticos", añadió. Más de 323.000 personas que entraron ilegalmente en Estados Unidos fueron expulsadas en 2008, un 20% más que en el año anterior, según datos del departamento de Seguridad Interior.

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