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La mayoría de los gobiernos centroamericanos no protege los derechos de los inmigrantes en sus territorios

Diario Prensa Libre, de Guatemala. Desde Ciudad de México. | 13 de Octubre de 2006 a las 00:00
Los gobiernos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, no cumplen cabalmente la Convención de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, por no entregar su informe de aplicación de ese acuerdo. Para la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice Alamanni de Carrillo, es un mal signo el que los países centroamericanos –a excepción de Costa Rica y Panamá, que no forman parte del tratado- no hayan cumplido con esa obligación. La Convención establece la garantía del respeto a los derechos humanos, legales, sociales y económicos de los trabajadores migratorios, como libertad de culto, de expresión o de movimiento. "Hay indiferencia, desidia, una especie de silencio frente a las obligaciones internacionales. En el caso de la Convención, no se le toma en serio", subrayó Alamanni de Carrillo en entrevista con Prensa Libre. La defensora del pueblo salvadoreño puso de manifiesto la doble moral con que se ve la migración. "Nos quejamos del trato que reciben nuestros conciudadanos en México, pero abusamos de los indocumentados colombianos o ecuatorianos, o hay que ver qué pasa con los migrantes nicaragüenses en Costa Rica", analizó la también doctora en Derecho. Francisco Alba, integrante del Comité de Protección de los derechos contenidos en ese instrumento lega, indicó que de los 34 estados que lo han ratificado sólo México, Malí y Egipto lo han presentado. El académico mexicano, para quien no es grave este hecho, informó de que Guatemala prepara el documento. "Hay que tener una visión dinámica. Veo el vaso medio lleno. El incumplimiento con la presentación tiene que ver con que no tenemos una cultura de respeto a los derechos de todo tipo. En un sentido, nuestra cultura no es legalista y en otros sí lo es", dijo a Prensa Libre. La Convención, aprobada en diciembre de 1990 pero que entró en vigor hasta julio de 2003, establece que sus integrantes deben presentar su informe cada cinco años. Guatemala quebranta el convenio, a pesar de que la viceministra de Relaciones Exteriores Ana María Diéguez pertenece al Comité, de diez miembros y que sesionará entre el día 30 de este mes al 3 de noviembre en Ginebra, por segundo periodo consecutivo que concluirá en diciembre de 2009. A pesar de la existencia del mecanismo de los informes, una debilidad de la Convención es que los Estados miembros pueden negarse a una verificación in situ. "No hay un solo Estado que haya otorgado facultades de que el Comité visite el país en cuestión", enfatizó Alba, para quien el incumplimiento de la Convenció proviene parcialmente de que no haya leyes secundarias o adaptaciones de los marcos jurídicos internos a la jurisdicción internacional. Al tener 93 artículos, la Convención "tiene una legitimidad muy sui generis", al decir de Alba.

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