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Acusan a 11 latinos de fraude por 4,7 millones dólares

Miami. EFE. | 30 de Marzo de 2009 a las 00:00
Un total de once latinos fueron acusados en un tribunal del condado de Miami-Dade (Florida) de trece cargos de fraude hipotecario por cerca de 4,7 millones de dólares, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida. Los acusados son: Juan A. García, Yenisley Acosta, Juan J. García, Omar Alonso, Yurima Espinosa, Yolanda Gómez, Ulises Ávila, Luis Cordero, Julissa Amaral, Roberto Portilla y Eugenio García. Diez de los acusados fueron detenidos el jueves pasado, mientras que Julissa Amaral está fugitiva. De acuerdo con la acusación, Juan A. García y Yenisley Acosta tramaron entre agosto de 2004 y septiembre de 2008 trece ventas fraudulentas relativas a seis propiedades diferentes en el sur de Florida. García y sus compinches captaron individuos con objeto de que se hicieran pasar por compradores en las trece transacciones que se efectuaron, explicó la Fiscalía en un comunicado. Estos sujetos, conocidos como "hombres paja", pidieron préstamos mediante falsa información sobre empleo, ingresos y depósitos que incluían en sus solicitudes, "en un intento por ocupar la propiedad como residencia primaria". En el momento del cierre de la venta de las residencias, García y Acosta pagaban los costes de la operación a los "hombres paja" sin que estos pagos quedasen reflejados en el obligado formulario HUD-1. Después, los compinches revendían las propiedades a otros "hombres paja" en cada nueva ocasión con un significativo incremento del precio de las propiedades. Los "hombres paja" nunca vivían en la residencia ni pagaban ningún coste de cierre o pagos hipotecarios. Varias de las compras fueron financiadas por la Federal Housing Administration (FHA), un organismo que proporciona una oportunidad de préstamo a compradores de ingresos medios y bajos. Una vez que los préstamos se cerraban, cinco de las seis propiedades entraban en el capítulo de viviendas con orden de embargo. Como garante de algunos de los préstamos, el Departamento de Desarrollo Urbano de la Vivienda (HUD, por su sigla en inglés) se veía obligado a asumir el título de la propiedad y a reembolsar a los bancos por sus pérdidas. Las pérdidas agregadas relativas a las seis propiedades alcanzaron aproximadamente 1,6 millón de dólares. La acusación incluye cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, falsas declaraciones a una agencia federal y falsas declaraciones al HUD con el objetivo de obtener préstamos hipotecarios garantizados. Por los cargos de fraude podrían enfrentarse a una condena de hasta 20 años de cárcel.

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