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EU listo a corregir fallos de ley contra indocumentados

Washington. EFE. | 7 de Abril de 2009 a las 00:00
El Departamento de Seguridad Nacional está enviando claras señales de que modificará el programa "287g" para, en vez de ensañarse contra extranjeros con simples infracciones migratorias, centrarse en expulsar a verdaderos criminales. La pregunta no es si hará el cambio en la aplicación de este programa policial, sino cuándo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha prometido que su oficina anunciará las nuevas guías en los próximos meses. En todo caso, cuando finalmente se haga el anuncio sería un "borrón y cuenta nueva", como casi todo lo que ha hecho el Gobierno del presidente Barack Obama. Los grupos defensores de los inmigrantes presionan para que el Gobierno corrija los abusos que, según los propios detenidos, se han cometido no sólo en los centros de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), sino durante el arresto de los indocumentados. El programa "287g", como se le conoce popularmente, deriva de una ley aprobada en 1996, y tiene el objetivo de eliminar de las calles a criminales peligrosos. En teoría, la policía local y estatal pueden recibir capacitación para colaborar con las autoridades federales en la identificación, procesamiento y deportación de inmigrantes con antecedentes penales. Es una meta con amplio apoyo pero que pronto se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas para el Gobierno porque, en la práctica, desde 2006, en las redes de ICE han caído, en vez de criminales, personas que se ganan la vida cuidando niños, limpiando oficinas y baños, o atendiendo jardines, entre otras tareas. Un informe divulgado recientemente por la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) evaluó la aplicación del "287g" y sus conclusiones no fueron nada halagüeñas: el programa no se ha aplicado debidamente por una supervisión de ICE tan laxa, que cualquier podía ser detenido. Abundan los casos de personas, incluso con hijos nacidos en EEUU, que fueron arrestadas por no detenerse en una señal de alto, una falta que cometen a diario millones de estadounidenses. La sospecha, según los activistas, es que con el pretexto de cazar a criminales, los agentes se están ensañando contra cualquiera que luzca o suene como extranjero. El informe de la GAO, que recibió fuerte cobertura mediática, también señaló entonces que las autoridades migratorias no precisaron los parámetros del "287g" ni los mecanismos de supervisión ni el tipo de información que cada agencia participante debía recabar y procesar. Así, no sorprende que el informe de la GAO no haya dicho a ciencia cierta cuántos criminales fueron detenidos por ICE gracias a la colaboración de las 67 agencias policiales y mil agentes que desde 2002 han recibido "capacitación" federal. Pero sí saben que muchas de las más de 40.000 personas procesadas fueron detenidas en sus sitios de empleo o mientras dormían en casa, creyéndose a salvo de las redadas. Aunque muchos otros participan en el "287g", la "estrella", o al menos la persona sobre la que se ha dirigido toda la furia de la comunidad inmigrante, ha sido el alguacil del condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio. Arpaio afronta acusaciones de "perfil racial" por los métodos que utiliza contra los inmigrantes latinos, muchos de los cuales han sido obligados a marchar por el desierto sonorense hacia "Tent City", una prisión donde las celdas son carpas y, en el verano, las temperaturas alcanzan niveles asfixiantes, aún con ventiladores. El "sheriff", héroe de los grupos que exigen mano dura contra los indocumentados, también es objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia. En una audiencia el pasado 2 de abril en un comité judicial de la Cámara de Representantes, un inmigrante explicó los abusos que presuntamente cometieron los agentes de Arpaio en una redada el pasado 11 de febrero. Arpaio fue el gran ausente en esa audiencia -a la que no fue invitado-, pero tampoco hizo falta: el "sheriff" tuvo varios defensores entre los republicanos del comité. Mientras, la comunidad inmigrante aguarda el resultado de la investigación del Departamento de Justicia y los cambios que finalmente ordene Napolitano.

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