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Funcionarios Italia y el Vaticano discuten por ley antiinmigrante

Roma. La Voz.com. | 3 de Julio de 2009 a las 00:00
Funcionarios y legisladores italianos defendieron este viernes una nueva ley de combate a la inmigración ilegal, luego de que el representante del Vaticano para temas de inmigración aseguró que la norma sataniza a los extranjeros y que su aprobación marca "un día negro" para el país. Umberto Bossi, líder del partido Liga del Norte, contrario a la inmigración ilegal y que impulsó la ley, dijo que el Vaticano no tiene derecho a quejarse dado que no tiene que preocuparse por las consecuencias de este problema. "Los inmigrantes ilegales no pueden entrar al Vaticano", dijo Bossi, según medios locales. El parlamento aprobó el jueves una ley que hace de la inmigración ilegal un delito. El proyecto de ley ya había sido criticado por la oposición centroizquierdista y por grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional. Monseñor Agostino Marchetto, alto funcionario de la oficina del Vaticano encargada de inmigrantes y refugiados, dijo al diario La Reppublica que la aprobación de la ley marcó "un día negro" para Italia. La ley ordena penas de cárcel para personas que alberguen a inmigrantes ilegales y aumenta el período de tiempo que los indocumentados pueden pasar detenidos mientras las autoridades intentan deportarlos. Y el ingreso o estadía en Italia sin permiso se convierte en un delito sancionable con multas de entre 5.000 y 10.000 euros (6.840 a 13.670 dólares). "Es una ley que convierte en delincuentes y sataniza a muchos extranjeros que vienen aquí buscando solamente ayuda", dijo Marchetto. La ley también permite la creación de patrullas de ciudadanos para acrecentar la seguridad en ciudades y poblaciones. Los críticos dicen que esa medida allana el camino para crear escuadrones parapoliciales. "Aquellos que aprobaron la ley no se han puesto en el lugar de miles de indocumentados", dijo Marchetto en otra entrevista con el periódico La Stampa. El gobierno conservador del primer ministro Silvio Berlusconi insiste en que la medida aumentará la seguridad en el país, una de sus promesas de campaña. Muchos italianos vinculan el crimen con la inmigración ilegal. El canciller italiano Franco Frattini dijo que su gobierno "respeta las preocupaciones del Vaticano", pero insistió que las medidas "sólo castigan a quienes cometen crímenes".

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