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Confiscan 17 millones de dólares de remesas

Jorge Luis Sierra, Editor de diario Rumbo del Valle | 3 de Noviembre de 2006 a las 00:00
El procurador de Arizona Terry Goddard ha congelado $17 millones en remesas enviadas desde 29 estados de la Unión Americana a Arizona y Sonora (México), supuestamente destinadas al pago de traficantes de indocumentados. Según Andrea M. Esquer, portavoz del procurador, los coyotes usan los servicios de empresas como Western Union para recibir la suma exigida a los indocumentados por haberlos cruzado hacia Estados Unidos. La operación ha sido realizada en los últimos cuatro años y medio, según Esquer, a través de órdenes judiciales y en contacto con grupos comunitarios para restituir las remesas de origen legal a sus dueños legítimos. La Procuraduría notó que la ruta de las remesas comenzó a desviarse hacia ciertos poblados fronterizos de Sonora, donde presuntamente operaban los coyotes. El procurador consiguió entonces una orden judicial el 22 de septiembre de 2006 para confiscar todas las remesas mayores de $500 enviadas desde 29 estados de la Unión Americana hacia 26 oficinas de Western Union en esos poblados de Sonora. La medida ha enfrentado al procurador con la Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados en Illinois y, también, con Western Union, quien logró una orden judicial para suspender los decomisos de remesas a Sonora a tres días de haberse iniciado. Juan Salgado, presidente del Instituto del Progreso Latino de Chicago, considera que los criterios del procurador Goddard son arbitrarios y han afectado el patrimonio de muchos inmigrantes de México y Centroamérica. El procurador, dijo Salgado, no avisó a los remitentes de las remesas que su dinero iba a ser confiscado, lo que estaría en contra de los derechos constitucionales de los inmigrantes. El 18 de octubre, los inmigrantes Javier Torres, de Illinois, Alma Santiago, de Carolina del Norte, y Lía Rivadeneyra, de California, demandaron al procurador para recuperar su dinero. Según la demanda presentada en la Corte de Distrito en Phoenix, Torres no pudo presentar la factura de un carro para comprobar que los $1,000 enviados por Western Union a Glendale, Arizona, no eran para pagarle a algún coyote. Santiago envió $2,000 para un primo en Phoenix, pero no pudo dar un número telefónico de su pariente a los agentes de Arizona. Rivadeneyra envió $500 a su hermano peruano que estaba de visita en Sonora, pero no pudo dar un número telefónico de él a la policía de Arizona. El dinero terminó confiscado. La Coalición pro Derechos de los Inmigrantes considera que un fallo favorable en el juicio puede beneficiar a unas 400 familias identificadas en Illinois, California y Carolina del Norte que reclaman la restitución de su parte de los millones confiscados.

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