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Demandan a la ciudad de Escondido para revertir ordenanza discriminatoria

Agencia Reuters. Desde San Diego, California. | 3 de Noviembre de 2006 a las 00:00
Grupos activistas de Estados Unidos presentaron el viernes una demanda federal para revertir una ordenanza en la ciudad californiana de Escondido, situada a a 80 kilómetros al norte de la frontera con México, que impedirá a los arrendatarios alquilar propiedades a inmigrantes ilegales. La demanda fue presentada ante la Corte Distrital estadounidense de San Diego. "Creemos que no compete a la autoridades de las municipalidades como Escondido aprobar leyes de este tipo", dijo Kristina Campbell, abogada del grupo de defensa legal. "La inmigración está dentro del alcance de la autoridad del gobierno federal, no de pequeñas ciudades", afirmó. La demanda fue presentada días antes de las elecciones parlamentarias del martes en Estados Unidos, donde los candidatos han debatido los temas de inmigración desde distintos ángulos. Los concejales de Escondido aprobaron la ordenanza el 18 de octubre, en una reunión en el ayuntamiento que fue interrumpida varias veces por cánticos y silbidos. La policía expulsó a dos personas tras una discusión, pero no hubo arrestos. Quienes apoyan la medida dijeron que la ciudad necesita reducir la inmigración ilegal y argumentaron que el gobierno federal no había logrado mejorar la seguridad en la frontera con México ni enfrentar la situación de entre 10 y 12 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Los detractores sostienen que la ordenanza es racista y que insta a las rivalidades entre vecinos, en una ciudad habitada por 140.000 personas. Los concejales de la ciudad aseguran que impugnarán la demanda contra el reglamento, que entrará en vigencia a mediados de noviembre. "No pensamos que no habría problemas, de modo que nos estamos preparando", dijo el concejal Ed Gallo, una de las tres autoridades que votó a favor de la medida. Escondido es la mayor de varias localidades y ciudades en el país que han aprobado leyes en los últimos meses para negar el acceso a propiedades o trabajos a inmigrantes ilegales.

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