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Opositores filtran mito sobre cobertura salud a indocumentados

Washington. EFE. | 8 de Septiembre de 2009 a las 00:00
No está escrito por ninguna parte y el presidente Barack Obama lo ha negado tajantemente, pero grupos conservadores insistieron en que la reforma de salud podría beneficiar a 6,6 millones de inmigrantes indocumentados. Al igual que lo hicieran a principios de año con la ampliación de la cobertura médica para niños pobres y también con el plan de estímulo económico, varios grupos conservadores se empeñan en repetir que los inmigrantes indocumentados son beneficiarios de las principales medidas que analiza el Legislativo. De nada han servido las garantías de los principales líderes demócratas del Congreso y hasta del propio presidente Obama de que los inmigrantes indocumentados no recibirán un ápice de beneficios de la reforma sanitaria que finalmente salga del Legislativo. Los mismos grupos que se oponen a la legalización de los indocumentados ahora aseguran que la reforma del sistema de salud podría ayudar a los extranjeros clandestinos. Ese argumento, según ha dicho Obama, forma parte de la campaña de "mitos" y "falsedades" que han enarbolado las fuerzas reaccionarias que buscan debilitar el plan para la cobertura médica universal. La queja es que el plan de reforma, que los detractores han bautizado despectivamente como "Obamacare", es que éste no contiene mecanismos que impidan la participación de los indocumentados. Es muy posible, argumentan con alarma, que los contribuyentes estadounidenses terminen pagando por la cobertura médica de los indocumentados si éstos, desechados por los planes ofrecidos por sus empleadores, participan en algún plan público. Ante la acritud del debate sobre la reforma de salud, no ha faltado el legislador republicano -o grupos conservadores afines- que incluso culpan a los inmigrantes "sin papeles" de la crisis de un sistema que priva de cobertura a poco más de 47 millones de estadounidenses. Un "análisis" divulgado este martes por el Centro para Estudios de Inmigración (CIS, en inglés) asegura que 6,6 millones de indocumentados podrían recibir beneficios bajo la reforma de salud de la Cámara de Representantes "porque no hay nada en el proyecto de ley" que les impida acceso a los beneficios. CIS asegura que si todos los indocumentados con ingresos inferiores al 400 por ciento por debajo del nivel de pobreza reciben ayuda sanitaria pública, el costo anual para el Gobierno federal sería de 30.500 millones de dólares. En contraste, señala, el costo anual de los gobiernos locales, estatales y federal para el tratamiento médico de los indocumentados es de aproximadamente 4.300 millones de dólares, principalmente en salas de urgencia y clínicas "gratuitas". En la actualidad, según CIS, 71 programas federales exigen la verificación del estatus migratorio para impedir que los indocumentados accedan a esas ayudas. CIS reconoce que dar cobertura médica a los indocumentados bajo una reforma podría costar menos de lo que ha calculado pero insiste en que si se legaliza a los indocumentados y si éstos reciben esa ayuda pública, habría un aumento correspondiente en los costos. El error más notorio de este análisis es, precisamente, que se apoya en supuestos y en conjeturas, en unos momentos en que los legisladores continúan negociando los pormenores del plan reformista. El documento de CIS omite que los indocumentados no tienen derecho a ningún tipo de ayuda pública y que incluso los residentes permanentes no pueden solicitar asistencia de la mayoría de programas federales durante sus primeros cinco años de residencia en Estados Unidos. El análisis también excluye los estudios de otros centros políticos y no gubernamentales que contradicen, uno a uno, los argumentos de CIS y de grupos similares como la Federación para la Reforma de Inmigración de EEUU (FAIR, en inglés), que encuentran eco en programas conservadores de la televisión estadounidense. A los trabajadores estadounidenses lo que verdaderamente debería preocuparles es que, irónicamente, la exclusión de los indocumentados de una eventual reforma de salud les crearía más competencia en el mercado laboral por su menor costo para los empleadores. Pero nada de esto detiene a quienes se oponen tanto a la reforma de salud como a la legalización de la población indocumentada.

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