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Corrupción con fondos para combatir indocumentados en Texas

Agencia AP. Desde Austin, Texas. | 20 de Noviembre de 2006 a las 00:00
Las autoridades de la frontera con México han empleado fondos federales que debían ser destinados a combatir el narcotráfico y los crímenes violentos para vigilar el tráfico de indocumentados, de acuerdo con un análisis de documentos estatales por parte del diario El Paso Times. Aunque el gobernador Rick Perry y las autoridades judiciales de la frontera insisten en que las operaciones de seguridad en la zona tienen como fin el prevenir el delito y el terrorismo, en la práctica no se han realizado arrestos de sospechosos de terrorismo en seis meses. Los informes demuestran que la Operación Linebacker, calificada por un funcionario estatal como la "piedra angular" de las acciones de seguridad en Texas, atrapó siete veces más indocumentados que narcotraficantes y criminales violentos. Los activistas por los derechos humanos argumentan que algunos comisarios de la frontera emplean fondos federales para fines a los que no estaban destinados, simplemente por dedicarse a perseguir indocumentados, y podrían malgastar los millones de dólares necesarios para luchar contra criminales peligrosos y narcotraficantes. "El dinero que está asignando el gobernador, claramente es objeto de mal uso", dijo Will Harrell, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) en Texas. El Times obtuvo seis meses de informes de la Operación Linebacker de 16 condados que reciben fondos federales para la operación. A la vista de las cifras, algunos legisladores expresaron el temor de que la actuación de los comisarios afecte las posibilidades de que los legisladores estatales destinen 100 millones de dólares a la vigilancia fronteriza, como desea Perry. "Nosotros en la legislatura no nos oponemos proporcionar ayuda contra el delito y los narcotraficantes, pero ciertamente el dinero no tiene como fin que lo usen para hacer cumplir con las leyes migratorias", dijo el senador demócrata Juan "Chuy" Hinojosa. La vocera de Perry, Kathy Walt, dijo que detener indocumentados es un efecto colateral del incremento de la vigilancia en la frontera y que el gobernador no teme perder fondos para sus programas de seguridad fronterizos. "Las agencias judiciales han jurado hacer valer la ley. Ellos no distinguen entre los reglamentos que hacen cumplir", dijo Walt. Perry dio a las autoridades de los condados fronterizos unos 10 millones de dólares en fondos federales para la Operación Linebacker. El dinero tenía como fin pagar horas extraordinarias y equipo para los comisarios encargados de vigilas las zonas fronterizas que la Patrulla de Fronteras, con su escaso personal, muchas veces no puede revisar. Los informes indican que los comisarios de 16 condados pidieron ayuda de la patrulla fronteriza en los casos de 4.756 indocumentados detenidos. En promedio, por cada arresto realizado por los comisarios fueron reportados siete indocumentados a la Patrulla de Fronteras. Los comisarios informaron sobre 85 encuentros con indocumentados, sin contar a los de origen mexicano. La mayoría eran de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Se informó también sobre una persona procedente de Siria, nación identificada por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos como patrocinador de grupos terroristas. El sirio fue reportado en el condado de Val Verde, pero no se informó si fue arrestado. El director de Seguridad Nacional del estado, Steve McCraw, dijo que las operaciones de seguridad no tienen como fin detener a quienes ingresan a Estados Unidos a trabajar o reunirse con sus familiares. Las autoridades están obligadas a ponerse en contacto con la Patrulla de Fronteras cuando determinan que alguien se encuentra ilegalmente en el país, indicó. "Nadie ha encontrado una manera de decir si alguien es un terrorista, un criminal o un inmigrante económico con solo verlo. Uno simplemente no lo puede saber", dijo. La Operación Linebacker recibe fondos de un programa del Departamento de Justicia que condiciona su uso al combate del narcotráfico y crímenes violentos. Harrell, de la ACLU, dijo que Perry "debe jalarles las riendas" a los comisarios que usan los fondos para perseguir a indocumentados. "El gobernador debe desistir de usar los fondos si está convencido, como lo estoy yo, de que el dinero está mal empleado", dijo Harrell. El gobernador sin embargo está convencido de que sus programas combaten el delito, dijo su vocera. "Estas cifras representan actividades que ocurren mientras se reduce la delincuencia", dijo Walt. Perry apuntó que no le preocupan los efectos de largo plazo de sus operaciones de seguridad en las comunidades de inmigrantes. Expresó la esperanza de que sus programas sean de corto plazo y que el gobierno federal incremente la acciones de vigilancia en la frontera, con el fin de emplear los fondos estatales en otros sectores. Hasta que el Congreso lo haga, sin embargo, Perry desea que los legisladores estatales aprueben el empleo de 100 millones de dólares del presupuesto estatal en sus programas de seguridad. Hinojosa indicó que los comisarios carecen de entrenamiento para hacer valer las complejas leyes migratorias federales. "Ellos pierden presencia cuando dejan de centrarse en la lucha contra criminales para hacer cosas de migración. Ello es contrario a lo deseado", dijo.

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