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Alguacil de Arizona busca acuerdo federal para perseguir indocumentados

Agencia AP. Desde Phoenix, Arizona. | 23 de Noviembre de 2006 a las 00:00
Joe Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, dijo que está cerca de llegar a un acuerdo con funcionarios federales para que sus agentes puedan aplicar las leyes de inmigración. Arpaio señaló el miércoles que ha estado negociando durante meses con funcionarios de Inmigración y Aduanas un acuerdo que permita que sus agentes sean capacitados para interrogar, detener y arrestar a personas que encuentren ilegalmente en el condado, informó el diario The Arizona Republic. Arpaio dijo que quiere que aproximadamente 200 agentes y funcionarios de cárceles tomen un curso de ocho semanas para aprender cómo aplicar las leyes federales. "Quiero que mis agentes se entrenen para que ... si ven algo mal y descubrimos que la persona está aquí ilegalmente, entonces tengamos la autoridad para interrogarla, detenerla y llevarla a la cárcel", señaló Arpaio. Una vocera de funcionarios federales de inmigración en Phoenix confirmó las negociaciones, pero la portavoz Lauren Mack dijo que no podía dar detalles sobre el asunto por cuestiones legales. Tal capacitación es permitida bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, pero la autoridad de una agencia local puede variar según sus requerimientos. Arpaio habló sobre las conversaciones un día después de que se presentara una demanda federal contra el uso de una ley antiinmigrantes por parte del condado de Maricopa para procesar a quienes han ingresado ilegalmente al país. La demanda es contra Arpaio, el fiscal del condado Andrew Thomas y la Junta de Supervisores del mismo. La querella fue presentada por varios legisladores estatales, dos profesores, varios grupos defensores de los derechos de inmigrantes y seis inmigrantes acusados bajo la ley estatal. La demanda acusa a Arpaio y a Thomas de abusar de la ley, la cual, según los legisladores, no tiene la intención de ser usada contra "víctimas" de contrabando humano. La querella califica a la política de aplicación de la ley como un "plan para controlar las fronteras internacionales". Arpaio y Thomas han sostenido que no están aplicando la ley de inmigración, sino simplemente acusando a los inmigrantes bajo una ley convencional sobre conspiración.

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