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Leyes antiimigrantes en Colorado resultan costosas

Agencia EFE. Desde Denver, Colorado. | 12 de Diciembre de 2006 a las 00:00
El costo de implementación de las nuevas leyes de inmigración de Colorado supera los ahorros generados al negarle beneficios a las personas indocumentadas, indicó la directora del Departamento de Servicios Humanos de este estado. Las agencias a cargo de verificar el cumplimiento de las nuevas leyes "han encontrado costos adicionales, pero no ahorros" desde el 1 de agosto, cuando entraron en vigor, dijo ayer ante el Legislativo Marva Livingston Hammons, directora del Departamento de Servicios Humanos de Colorado. Durante su testimonio ante el Comité Conjunto de Presupuesto, Hammons indicó que "existe evidencia anecdótica que en varios condados la implementación de la ley HB06-1023 creó problemas como tiempo adicional para procesar solicitudes y mayor número de consultas telefónicas". La ley HB06-1023 exige que las personas que soliciten ciertos servicios públicos estatales demuestren que están legalmente en los Estados Unidos. Esta ley no afecta a aquellos servicios como educación primaria y secundaria o atención médica de emergencia, pero tiene un impacto directo en trámites como obtener una licencia de conducir o recibir tratamiento médico para enfermedades crónicas. Hammons estimó que los ahorros para el fisco podrían surgir dentro de varios meses, una vez que los empleados públicos conozcan los alcances de la nueva ley. El representante estatal Bernie Buescher (D-Grand Junction), declaró en rueda de prensa que el testimonio de Hammons "sorprendió a todos", ya que se esperaba que el Departamento de Servicios Humanos fuese el primer ente público en tener "significantes ahorros" por la ley HB06-1023. Buescher consideró como "preocupante" el hecho que "se esté gastando más dinero en eliminar gastos que el dinero que se ahorra", y dijo que quizá haya que "repensar si los inmigrantes indocumentados estaban usando esos servicios públicos". Por otro lado, el próximo 1 de enero, cuando entre en vigor la segunda mitad de las leyes migratorias de Colorado podría crear aún más gastos para agencias del gobierno y para empresas privadas, debido a que las nuevas leyes exigen que se verifique la situación migratoria de cada potencial empleado antes de contratarlo. Según el representante estatal Andrew Romanoff (D-Denver) y presidente de la Cámara Baja de Colorado, el costo adicional surgiría del hecho que agencias y empresas deberán acceder a las base de datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y de la Administración del Seguro Social para verificar la documentación provista por nuevos empleados. Romanoff enfatizó que el uso de las bases de datos federales es sólo una "recomendación" y reconoció que esos archivos pueden tener "algunos problemas", como retrasos o información no actualizada.

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