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Maridos deportados y esposas en problemas

Agencia AP. Desde Richmond, Virginia. | 22 de Diciembre de 2006 a las 00:00
Cada vez que alguien golpea a la puerta, el hijo de dos años y medio de Beatriz Márquez se agita. "¿Viene papito?" pregunta Anthony de manera reiterada. "No", le responde la madre, "Papá está trabajando". El niño ha estado aguardando durante más de tres meses a que su padre retorne al hogar. La última vez que vio a Víctor Orellana, éste se hallaba esposado y era conducido a la cárcel. Orellana, de 28 años, quien había ingresado a Estados Unidos de manera ilegal, fue deportado a El Salvador en octubre, un mes y medio después de ser detenido en su vivienda en el condado de Henrico por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. Durante el último año fiscal, fueron deportados de Estados Unidos 186,641 indocumentados. Márquez y sus hijos han estado sufriendo las consecuencias de la deportación de Víctor Orellana. Y la mujer no está sola en su desdicha. Un reportero del Times-Dispatch habló con algunas mujeres en el área de Richmond, algunas de ellas radicadas legalmente en el país, otras no, cuyos maridos han sido deportados en fecha reciente. Sus vidas, y las de sus hijos, han sido totalmente alteradas en un segundo. De manera súbita, las mujeres tratan frenéticamente de salvar a sus maridos de la deportación. Algunas han tenido que abandonar sus hogares pues no podían trabajar para pagar la renta y cuidar al mismo tiempo a sus pequeños hijos. Alrededor de las 0500 de la mañana del 23 de agosto, alguien golpeó a la puerta del hogar de los Orellana. El abrió y se encontró con varios hombres con uniforme azul y chalecos con la palabra "POLICE" escrita en las vestimentas. Orellana fue esposado y llevado del sitio en un vehículo sin placas. Hace seis años, la patrulla fronteriza detuvo a Orellana cuando cruzaba la frontera desde México hacia Estados Unidos tras abandonar su hogar en El Salvador. Fue puesto en libertad bajo condición de que se presentara luego en un tribunal en Texas. Orellana no lo hizo, y eso trajo como resultado una orden de deportación, de la cual, según afirma su esposa, nunca se enteró. Orellana presentó una solicitud de status de protección temporal ante el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que le permitió trabajar de manera legal. La orden de deportación no fue presentada durante el proceso de solicitud, por lo que Orellana se sintió seguro. La oficina renovó su permiso de trabajo durante cuatro años, pero se lo negó el año pasado. Orellana no recibió una orden de deportación luego que el permiso le fue negado, dijo Márquez. Cuando los agentes del servicio de Inmigración detuvieron a su marido y lo llevaron a la cárcel regional de Pamunkey, Márquez consultó con varios abogados, pero éstos le dijeron que no podían hacer nada. Uno, sin embargo, le dijo que podría sacarlo de la cárcel acelerando el proceso de deportación y su retorno a El Salvador. Márquez le dio al abogado un pago inicial de 150 dólares para que lo hiciera. Luego, la mujer llamó al consulado de El Salvador en Washington porque su esposo necesitaba un pasaporte. Alguien le recomendó en el consulado que no pagara a un abogado, pues ninguno de ellos podía acelerar la deportación de su esposo. Márquez pidió al abogado que le devolviera el dinero. Este sólo le devolvió la mitad, 75 dólares. Ana Margarita Chávez Escobar, cónsul general de El Salvador, dijo que brinda el mismo consejo a otros que han llamado para informar que sus familiares fueron arrestados por agentes del servicio de Inmigración. "Muchos" de los que están en la cárcel, "han pagado a los abogados hasta 21.000 dólares con la esperanza de que no serían deportados, y eso no es cierto", dijo la cónsul. La mayoría de las veces, los abogados se están aprovechando de los indocumentados, señaló la funcionaria salvadoreña, pues en el 99,99% de los casos, los detenidos son deportados. Orellana fue deportado el mes pasado. Márquez y los hijos de la pareja, el niño de dos años y medio, y el bebé de seis meses, fueron obligados a mudarse al hogar de una amiga que no les cobraba alquiler. Márquez se halla en los Estados Unidos de manera legal. La mayor parte del salario de Márquez estaba destinado a pagar 800 dólares mensuales a una mujer para que cuidase a sus niños. A fin de sobrevivir, Márquez se mudó a Baltimore a fines del mes pasado. Ella trabaja la mitad del tiempo, por un magro salario de 6,5 dólares la hora haciendo labores de limpieza en un centro comercial. Su hermana cuidaba a los hijos. En fecha reciente, Márquez tomó la difícil decisión de enviar a sus hijos de retorno a El Salvador para que su marido y su madre pudiesen atenderlos. Ahora, Márquez teme que el servicio de inmigración de Estados Unidos le niegue un permiso de trabajo este año, tal como lo hizo en el caso de su esposo. "En ocasiones, pienso en retornar a El Salvador", dijo. "Pero la situación en El Salvador es muy mala. La gente gana 10 dólares al día allí. Aquí, uno gana seis dólares, pero cada hora".

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