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Las injusticias de un castigo justo

Por Marcela Sánchez, diario The Washington Post. | 26 de Diciembre de 2006 a las 00:00
Mucho se ha dicho acerca del empleo de leyes contra el robo de identidad para detener indocumentados en las redadas de la semana pasada en seis plantas de procesamiento de carne de la empresa Swift & Company. Para algunos ya era hora de que se aplicara todo el peso de las leyes estadounidenses contra ciertas prácticas entre inmigrantes. Para otros fue un siniestro e inoportuno ataque contra violaciones migratorias normalmente consideradas delitos menores. Desde mi punto de vista es lamentable. Personas con la intención de conseguir trabajo usaron información robada, incluidos números de seguro social. Funcionarios estadounidenses con la intención de hacer su trabajo usaron una ley destinada a combatir un crimen mucho más serio como justificación para la ofensiva. Ambas partes son culpables de erosionar el estado de derecho. Imprevisibilidad, ineficiencia, corrupción, abuso o impunidad, son todos atributos del caos que reina en países que la mayoría de inmigrantes dejan atrás. En América Latina un estado de derecho débil desanima la inversión, genera inestabilidad e interrumpe la actividad económica, manteniendo a la región firmemente estancada. Un sistema judicial que parece arbitrario, cuando no abusivo, erosiona la confianza de la gente. Una suspicacia generalizada contra las leyes y los legisladores, alimenta una curiosa irreverencia y resulta en una justicia escasamente impartida. La mayoría de la gente hace lo que puede para sobrevivir en ese fallido sistema. Unos se aprovechan. Y otros lo dejan todo atrás y se vienen al norte. En ese momento una cultura que cree en las leyes y otra que sospecha de ellas, de repente se encuentran cara a cara. Quienes residen en alguna de las muchas comunidades estadounidenses con un creciente flujo de inmigrantes, tal vez han visto este choque de culturas. Tal vez se hayan topado ya con el contratista inmigrante que remodela una casa vecina sin todos los permisos necesarios, o con latinos que viajan a sus lugares de trabajo en la parte trasera de una camioneta sin protección alguna. Tal vez también hayan oído acerca de quienes usan el número de seguro social de otra persona para conseguir empleo. En sus países de origen, dichas acciones tendrían escasas consecuencias. Pero acá, tarde o temprano, el contratista se encontrará con una notificación oficial de detener la construcción. El conductor de la camioneta será multado. Y tal como ocurrió la semana pasada, trabajadores detenidos en Colorado, Iowa, Minnesota, Nebraska, Texas y Utah, serán acusados de robo de identidad. "No están conscientes de que están robando la identidad de nadie", dijo el cónsul de Guatemala en Texas, José Barillas, quien ha estado hablando con muchos de los detenidos. "Lo único que hicieron fue tomar prestado un número para poder trabajar". El problema es que bajo la ley estadounidense la ignorancia no es excusa para quebrar la ley y tampoco existe la opción de "tomar prestada" la identidad de otra persona. La semana pasada sólo 65 de los 1282 detenidos enfrentaban cargos criminales, incluyendo robo de identidad. Para comienzos de esta semana el número había llegado a 144 y funcionarios estadounidenses insisten que a medida que avance la investigación esa cantidad podría aumentar. Sin ánimo de excusar a quienes cometieron fraude para obtener empleo, es importante aclarar que Estados Unidos invita a este tipo de violaciones. Tamar Jacoby, experta en inmigración del Manhattan Institute, asegura que "cada año la economía en su conjunto crea cerca de 500,000 empleos no cualificados que estadounidenses no quieren hacer, pero emitimos sólo 5000 visas en todo el año para que los inmigrantes puedan hacerlos". Si el crecimiento de la población continúa al nivel de hoy, el 40 por ciento de los próximos 100 millones de personas en este país vendrá del exterior. Tal como hoy, vendrán a hacer trabajos que la fuerza laboral estadounidense está dejando vacantes y que deberán llenarse si la economía estadounidense continúa creciendo al ritmo de hoy. Que muchos de esos empleos sigan quedando en manos de inmigrantes que trabajan ilegalmente dependerá de lo que haga el Congreso el año entrante. Una reforma apropiada podría recompensar a los inmigrantes que respeten la ley. La falta de una reforma, por el contrario, prolongará un sistema que se aprovecha de la mano de obra inmigrante.

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