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Niños separados, un problema que se trata resolver localmente

San Diego. EFE. | 23 de Julio de 2010 a las 00:00
Los centros de asistencia legal para menores que viven solos en EE.UU. tratan de paliar a nivel local las consecuencias de políticas migratorias que han resultado en la detención o deportación de miles de padres de familia. Según un estudio reciente de la organización sin fines de lucro Instituto Urbano, en el país viven 5,5 millones de niños cuyos padres son indocumentados. De estos niños, tres cuartas partes son ciudadanos, lo que representa más del siete por ciento de todos los menores en el país que viven bajo la amenaza constante de que sus padres sean arrestados, separados de ellos o incluso deportados. La organización sin fines de lucro Casa Cornelia, en San Diego, ofrece servicios legales sin costo para menores que se enfrentan con problemas relacionados con Inmigración. Su directora, Carmen Chávez, busca formas para lograr la regularización migratoria de los padres a fin de reunir a las familias en EE.UU., pero ante la dificultad de la tarea señaló que la mayoría de estos niños terminan viviendo con familiares, amigos o en el sistema de cuidado tutelar. "En el peor de los casos, terminan como indigentes en las calles de San Diego. Lo que les ocurre es muy trágico", dijo Chávez, cuya organización también ofrece ayuda legal para los cientos de menores que cruzan solos cada año hacia EE.UU. sin documentos. Estos menores representan otra dimensión del problema migratorio, pues buscan ya sea reunirse con sus padres o encontrar trabajo para ayudar a sus familias en México, Centroamérica o China. "Muchos de estos niños llegan a la frontera exhaustos y algunas veces traumatizados por su jornada. Si son arrestados por la Patrulla Fronteriza y detenidos en las instalaciones en San Diego, muchas veces no conocen sus derechos legales", dijo Chávez. El estudio reciente del Instituto Urbano "Enfrentando nuestro futuro: los niños y las consecuencias de la aplicación de las leyes migratorias" analizó las experiencias de más de 100 menores afectados por seis redadas en sitios de trabajo o arrestos dirigidos por el ICE entre 2006 y 2008. Privados de una red de apoyo familiar, muchos de esos menores se enfrentan a nuevos retos para cumplir con las obligaciones escolares y seguir con su normal desarrollo físico y emocional. Después de la detención de uno de los padres, que representa la mayoría de los casos, la familia debe enfrentarse a una difícil situación económica por la pérdida del ingreso semanal. Por ejemplo, trabajadores arrestados por el ICE en una empaquetadora de carne en Postville, Iowa, tenían un ingreso semanal de 650 dólares, cuya pérdida representó falta de sustento para vivienda y alimentación, creando estrés ante la necesidad de depender de la caridad, organizaciones comunitarias y familiares para alimentarse. Su separación de uno o ambos progenitores, de acuerdo con el estudio, se traduce en la falta de ingresos que provoca meses de inestabilidad en torno a la vivienda para los menores, lo que frecuentemente acarrea dificultades para dormir, pérdida del apetito e incluso cuadros de agresión o retraimiento. Para evitar las consecuencias de la desintegración familiar, el centro recomendó que el Gobierno extienda la suspensión de redadas a gran escala implementada por la administración Obama, la cual ha favorecido el programa electrónico E-Verify para confirmar la elegibilidad para trabajar legalmente. En caso de que la detención de un padre o madre sea obligatoria, como en el caso de personas con órdenes de deportación, el Instituto Urbano recomendó que se mantenga al detenido cerca de su domicilio y que se le permita más visitas con sus familias, abogados y oficiales consulares. El estudio sugiere que, como parte de una reforma migratoria integral, todos los niños nacidos en EE.UU. tengan un apoderado legal designado por la corte que pueda presentar una petición expedita para la residencia legal de sus padres. Pero hay voces que se oponen a cualquier beneficio para los indocumentados. El representante republicano Duncar Hunter de San Diego, por ejemplo, ha declarado públicamente que apoya la deportación de los hijos nacidos en EE.UU. de inmigrantes indocumentados. Pese a su posible inconstitucionalidad, Hunter pertenece a las crecientes voces que apoyan un proyecto de ley para eliminar el derecho automático de estos niños a la ciudadanía por haber nacido en EEUU.

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