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No deportarán a indocumentados sin antecedentes penales

Washington. EFE. | 27 de Agosto de 2010 a las 00:00
El Gobierno de EEUU ha decidido cancelar la deportación de ciertos inmigrantes indocumentados para centrarse en la expulsión de criminales, según un memorándum que este viernes suscitó tanto elogios como críticas de grupos en ambos lados del debate migratorio. El documento de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), con fecha del pasado 20 de agosto, explica que el giro en la política de detenciones forma parte de un replanteamiento de las prioridades de la agencia. Así, ICE revisará "aproximadamente 17.000" casos pendientes en las cortes de inmigración, con la idea de agilizar los trámites de quienes no han cometido delitos graves, según el documento colgado en su página web. Consultadas por Efe, las autoridades enfatizaron que no se trata en ningún momento de una "amnistía" sino de resolver las demoras en los tribunales, algo que en el pasado ha suscitado críticas. Según el grupo de investigación "Transactional Records Access Clearinghouse", de la Universidad de Syracuse, los tribunales de inmigración tenían, hasta junio pasado, 247.922 casos pendientes, y el tiempo promedio de espera fue de 459 días. El tiempo de espera, sin embargo, puede ser mayor -hasta dos años- en algunos distritos del país. El nuevo enfoque de la Administración Obama -reportado inicialmente esta semana por el diario "The Houston Chronicle"- será el arresto y deportación de inmigrantes condenados por delitos graves o que son una amenaza para la seguridad ciudadana. "Esta Administración está comprometida con una reforma migratoria inteligente y eficaz, dando prioridad al arresto y expulsión de inmigrantes criminales y de quienes representan un peligro para la seguridad nacional", dijo a Efe Richard Rocha, subsecretario de prensa de ICE. Agregó que en lo que va de 2010, ICE ha expulsado de EEUU a más de 167.000 inmigrantes condenados por crímenes, "una cifra récord". Rocha subrayó que ICE no está realizando una amnistía "por la puerta trasera" y que, de hecho, "ha colocado a más gente en trámites de deportación este año que jamás nunca". "ICE ha puesto en marcha una nueva política para agilizar la deportación de inmigrantes criminales y de quienes suponen un peligro para la seguridad nacional, al asegurar que esos casos (pendientes) serán revisados", explicó Rocha. El documento de cuatro páginas, escrito por el director de ICE, John Morton, indica que al revisar los casos pendientes para un ajuste migratorio, las autoridades de inmigración tomarán en cuenta factores como antecedentes penales, pruebas de fraude u otra "conducta criminal" y riesgos para la seguridad pública. Si no surgen "factores adversos", entonces la Oficina de Asuntos Legales de ICE (OCC, inglés) y otras oficinas implicadas tendrán la autoridad de descartar los trámites de deportación en ciertos casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, en inglés). El documenta precisa que las autoridades, en todo caso, sólo analizarán cancelar las órdenes de deportación contra aquellos que reúnan ciertos requisitos y que ya hayan iniciado trámites para un ajuste migratorio. Y, en algunos casos, aún si el solicitante reúne los requisitos para la residencia legal, por ejemplo, ICE se reserva el derecho de continuar el proceso de deportación sin importar si su solicitud ha sido aprobada por la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). El cambio de política ha vuelto a enfrentar a grupos a favor y en contra de la legalización de la población indocumentada en EEUU. Pese a las explicaciones de ICE, líderes y grupos conservadores creen que el cambio supone una legalización "de facto" de los indocumentados, y han renovado sus críticas de que Obama no ha hecho lo suficiente por combatir la inmigración ilegal. "No sé por qué están criticando, porque no es una amnistía ni es un cambio radical. Pensamos que este cambio, sin embargo, ayudará al resolver el grave problema de las demoras", dijo a Efe Laura Vázquez, analista de inmigración del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), que aboga por una reforma migratoria.

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