Escúchenos en línea

Políticas deficientes exponen a los migrantes a abusos

Yakarta. Agencias. | 12 de Diciembre de 2010 a las 00:00
Las políticas inmigratorias de muchos gobiernos y los vacíos de protección hacen que muchos migrantes sean víctimas de abusos, señaló el domingo Human Rights Watch en un informe publicado con antelación al Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre de 2010. Entre los abusos sufridos destacan la explotación laboral, la violencia, la trata, el maltrato en las detenciones e incluso asesinatos. Aún así, los países involucrados ofrecen limitados recursos para buscar justicia, señaló Human Rights Watch. El resumen de 48 páginas de Human Rights Watch que informa sobre las violaciones de los derechos de los migrantes en 2010, "Rights on the Line: Human Rights Watch Work on Abuses against Migrants in 2010" ("Derechos en la cuerda floja: La investigación de Human Rights Watch sobre abusos contra migrantes en 2010"), incluye cobertura en África, Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. "Los migrantes se encuentran consistentemente entre aquellos en alto riesgo de sufrir abusos, pero también entre los que tienen menos probabilidades de poder acceder a servicios de ayuda o justicia", señaló Nisha Varia, investigadora principal de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. "Muchos gobiernos empeoran la situación con políticas que agravan la discriminación y que hacen que sea incluso más difícil para los migrantes pedir ayuda a las autoridades". Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de origen, según la Organización de Naciones Unidas. La migración internacional ayuda a estimular las economías de todo el mundo. El Banco Mundial calcula que, en 2010, los migrantes enviaron más de US$440,000 millones en remesas a casa, US$325,000 millones de los cuales fueron a países en desarrollo. Muchos países dependen de los trabajadores migrantes para llenar vacantes laborales en trabajos de baja remuneración, peligrosos e inadecuadamente regulados. Human Rights Watch documentó la explotación laboral y los obstáculos al resarcimiento que sufren los migrantes en la agricultura, el trabajo del hogar y la construcción en Indonesia, Malasia, Kazajstán, Kuwait, El Líbano, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Los sistemas de patrocinio inmigratorio en muchos países otorgan a los empleadores un control inmenso sobre los trabajadores. Como consecuencia, muchos migrantes se ven atrapados en situaciones abusivas o no están en posibilidades de buscar resarcimiento a través de la justicia. "Los gobiernos han empezado a lidiar con los problemas de abusos contra trabajadores migrantes, con medidas que van desde contratos laborales reforzados a provisiones en la legislación laboral", señaló Varia. "Sin embargo, estas reformas han sido lentas y graduales, y muchos gobiernos se han quedado especialmente rezagados a la hora de garantizar que los migrantes estén informados sobre estos cambios y puedan beneficiarse de los mismos". Human Rights Watch también descubrió que hombres, mujeres y niños ponen en riesgo sus vidas cuando cruzan las fronteras, y pueden ser víctimas de abusos mientras se ven atrapados en tierras de nadie, entre puestos de control fronterizos, en alta mar o en zonas internacionales de los aeropuertos. Por ejemplo, guardias fronterizos de Egipto mataron a tiros a al menos 28 migrantes que trataron de cruzar la frontera del Sinaí a Israel, en 2010. La investigación de Human Rights Watch en Italia, Libia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Grecia, España y la Unión Europea documentó cómo las políticas de control fronterizo, que violan las normas internacionales, no seleccionaron adecuadamente ni proveyeron servicios necesarios a personas vulnerables, como menores no acompañados, solicitantes de asilo y víctimas de tráfico humano, y sometieron a los migrantes a prolongadas detenciones en condiciones deficientes. Los migrantes en prisión, a menudo detenidos sin necesidad, pueden convertirse en blanco de discriminación y enfrentar peores condiciones o un menor acceso a la atención médica que el resto de la población no inmigrante del centro penitenciario. Por ejemplo, Human Rights Watch descubrió que en Malawi algunos prisioneros etíopes fueron obligados a permanecer de pie durante 16 horas al día en una celda hacinada. En Zambia, los detenidos por faltas inmigratorias entrevistados por Human Rights Watch con frecuencia no vieron a un juez o magistrado y fueron sometidos a pruebas de tuberculosis (TB) y VIH en una menor proporción que el resto de detenidos, lo cual constituye un problema serio dado que las tasas de TB en las prisiones de Zambia son 10 veces más altas que en el resto de la población. "Independientemente de si hombres, mujeres y niños cruzan las fronteras por canales apropiados o no, es inaceptable que pierdan la vida en el intento", señaló Varia. "Los gobiernos deberían avergonzarse de los controles fronterizos y políticas inmigratorias agresivas que llevan a abusos o incluso muertes, y que fallan a quienes necesitan ayuda con mayor urgencia, incluyendo a menores no acompañados, víctimas de tráfico humano y refugiados". En Estados Unidos, cientos de miles de personas permanecen en detención durante meses, o incluso años, por delitos civiles de inmigración. Dado que carecen del derecho a que se les asigne un abogado de oficio, aproximadamente el 60 por ciento de los detenidos en el sistema migratorio pasa por todo el proceso judicial sin representante legal. Human Rights Watch halló que para los inmigrantes con discapacidades mentales, la falta de abogado significa que no pueden defender sus derechos. Como consecuencia, pasan años encarcelados sin justificación alguna. Los migrantes siguen siendo vulnerables a deficientes políticas inmigratorias que ponen en riesgo a las personas. Sudáfrica anunció en 2010 que ya no seguirá suspendiendo la deportación de zimbabuenses, lo que aumenta los temores de que las deportaciones masivas conduzcan a violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo. Francia, por su parte, puso en marcha un programa ampliamente divulgado para desmantelar los asentamientos ilegales de romaníes y para repatriar a los migrantes romaníes (la mayoría ciudadanos de la Unión Europea) a sus países de origen. El racismo y la violencia xenofóbica contra los migrantes son problemas que los gobiernos no sólo tratan con excesiva demora, sino que además agravan mediante políticas discriminatorias. En Italia, por ejemplo, el discurso político y las políticas que vinculan a los migrantes con el crimen alimentan un clima de intolerancia, señaló Human Rights Watch. Las protecciones nacionales e internacionales deficientes generan condiciones que facilitan la trata de personas. En 2010, Human Rights Watch investigó distintos casos de tráfico humano de niños pequeños obligados a mendigar en Senegal; en Costa de Marfil, son forzados a ejercer la prostitución, mientras que en Kuwait y Arabia Saudita son destinados a la servidumbre forzada del hogar. "La lista de abusos contra los migrantes en 2010 es larga y sombría", dijo Varia. "Los gobiernos necesitan acelerar el ritmo de las reformas para evitar otro año lleno de abusos e injusticias".

Descarga la aplicación

en google play en google play