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Juez ordena destruir documentos en caso de indocumentados en EU

Greeley, Colorado. Agencias. | 23 de Diciembre de 2010 a las 00:00
Un juez del condado de Weld ordenó destruir documentos fiscales decomisados durante una investigación de usurpación de identidad entre inmigrantes indocumentados, que según la Corte Suprema estatal se realizó ilegalmente. La investigación fue la primera vez en Estados Unidos en la que las autoridades tratan de usar las declaraciones de impuestos -que son confidenciales bajo las leyes federales- para procesar a sospechosos de ser inmigrantes ilegales. El juez de distrito del condado de Weld, Stephen J. Schapansk, ordenó el martes que sean destruidos miles de documentos fiscales confiscados a un asesor en presentación de impuestos. El juez también prohibió a las autoridades utilizar cualquier parte de la información que reunieron en un eventual enjuiciamiento. El máximo tribunal de Colorado había suspendido provisionalmente la investigación encabezada por el fiscal de distrito Ken Buck, al fallar que se hizo de manera ilegal. La orden de esta semana tomada por el tribunal de primera instancia hizo permanente el requerimiento judicial en el caso. Los documentos fueron entregados a un secretario judicial en abril de 2009, cuando se ordenó la medida cautelar. Ocho meses más tarde, la Corte Suprema estatal dictaminó que la investigación violó los derechos constitucionales y de privacidad de los sospechosos. Buck -un republicano que perdió por poco las elecciones al Senado federal frente al demócrata Michael Bennet- no devolvió inmediatamente una llamada dejada en su oficina en busca de declaraciones. Previamente defendió su investigación, denominada "Operación Juego de Números", alegando que estaba tratando de resolver un problema grave de suplantación de identidad en el condado. Buck y los investigadores del alguacil afirmaron que hasta 1.300 inmigrantes sin papeles presentaron declaraciones de impuestos mediante identidades falsas o usurpadas. Todos los documentos fiscales que fueron incautados procedían de la empresa Amalia's Translation and Tax Service, enfocada en el mercado hispano. La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) presentó una demanda, diciendo que la investigación violó las leyes federales de respeto a la vida privada. Buck argumentó que los decomisos no violaron la ley porque los registros no se obtuvieron del Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) y por ser parte de una investigación penal.

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