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Necesaria reforma migratoria en EE.UU., gobernadora de Arizona

Agencia PL. Desde Ciudad de México. | 10 de Febrero de 2007 a las 00:00
Mientras siga sin prosperar una reforma migratoria entre México y Estados Unidos continuarán los incidentes y homicidios de indocumentados en la frontera común, afirmó este sábado Janet Napolitano, gobernadora de Arizona. Durante un encuentro con el presidente Felipe Calderón, la ejecutiva de ese estado norteamericano limítrofe con México, confirmó que sin un compromiso de mantener una frontera fuerte que aliente los lazos comerciales ocurrirán esos hechos. El pasado jueves varios norteamericanos armados asaltaron una camioneta de migrantes, mataron a tres de ellos, hirieron de gravedad a dos y secuestraron a un número indeterminado. Sobre ese suceso y el asesinato del pasado 13 de enero de un joven mexicano, la gobernadora de Arizona precisó que para esclarecer lo ocurrido se necesita la estrecha colaboración de la policía mexicana. El presidente Calderón manifestó su preocupación por las cada vez más abierta expresiones contra los migrantes en ese estado norteamericano y acotó que ese clima no facilita la cooperación de ambas partes. En 2006 murieron en esa zona (Sonora–Arizona) 300 indocumentados al intentar internarse en territorio estadounidense. Un comunicado de la presidencia da cuenta que Calderón destacó el alto grado de interrelación alcanzada entre México y Estados Unidos a lo largo de más de tres kilómetros de frontera. La ejecutiva de Arizona y el gobernador de Sonara, Eduardo Bours, coincidieron en que corresponde a Washington aprobar una reforma migratoria, y a México, generar las condiciones económicas para evitar la salida de connacionales en busca de mejor nivel de vida. Napolitano reconoció que la legislación de su país en materia migratoria está desfasada de la realidad, de ahí que en ausencia de un esquema bilateral adecuado, continuarán las organizaciones delictivas lo mismo de tráfico de drogas que de personas. Enfatizó en que la enmienda migratoria no debe limitarse a los indocumentados o a un programa de empleo temporal, sino a proyectos que alienten el desarrollo económico, protección ambiental y sancione las violaciones de la ley.

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