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Buscar entre los muertos

Por Majo Siscar, TeleSUR. | 5 de Mayo de 2011 a las 00:00
183 cadáveres han sido exhumados en 40 fosas clandestinas en Tamaulipas que usan los narcos para enterrar a sus víctimas. Centenares de familiares de personas desaparecidas buscan a los suyos entre los despojos. El hallazgo también sacó a la luz la incapacidad del estado mexicano para asegurar la integridad de su población. Guadalupe Ríos espera sentada en las escaleras de la Unidad Anti Secuestros de la Físcalía mexicana. Dentro se encuentra su hija mayor, Angélica Velázquez, para sacarse una muestra de ADN, e intentar recordar detalles singulares que revelen la identidad de su hermana y su hijo, desaparecidos hace siete meses. Vienen desde lejos con la esperanza de hallar a sus familiares entre los 183 cadáveres desenterrados a lo largo de abril en las 40 fosas clandestinas encontradas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Más de 130 de estas personas presentan huellas de tortura, fracturas expuestas y craneoencefálicas, tal y como revelaron las autoridades después de las necropsias. Según las investigaciones, estos cadáveres masacrados podrían corresponder a gente que habrían secuestrado los dos cárteles del narcotráfico que se disputan la zona, El Golfo y Los Zetas, para engrosar sus filas y, al resistirse son torturados hasta la muerte. El servicio médico forense de Matamoros y Ciudad de México trabaja para identificar los183 cuerpos desenterrados en Tamaulipas. Alexandre Meneghini /AP “Que nos los devuelvan como sea, quisiéramos que aparecieran vivos, pero si no, pues al menos encontrarlos para poderles dar sepultura”, alcanza a decir Guadalupe Ríos entre sollozos. Su hija, Julia, viajó el pasado septiembre a Reynosa a traer mercancía para la tienda que regentaba en Tula, Hidalgo. Le acompañaba su sobrino, Miguel Ángel, de 20 años, el hijo menor de Angélica. La noche del 25 de septiembre Julia habló con su marido para avisarle que ya estaban en carretera y que, a más tardar, a las 9 o 10 de la mañana estarían en casa. Nunca llegaron. El esposo de Julia denunció la desaparición, solicitó formalmente ver las grabaciones de los peajes de las carreteras, y durante cinco meses recorrió caminos y pueblos desolados. En todos lados la misma respuesta de los funcionarios: “no es la única, hay cientos de desaparecidos”. Ahora los familiares de muchos de ellos, desde luego muchos más que los 183 cadáveres encontrados, hacen cola en el Distrito Federal y en el depósito de Matamoros, Tamaulipas, donde se han repartido los cuerpos. Con cada uno de estos despojos se ha desenterrado la anormalidad cotidiana que vive este país y especialmente este estado fronterizo: masacres cotidianas, la barbarie de los grupos criminales, la complicidad de muchos funcionarios públicos, el miedo a denunciar de la sociedad, y las desapariciones masivas. Según un informe del Ministerio de Defensa, desde enero a octubre de 2010 hay reportadas 1.700 personas desaparecidas en Tamaulipas y Nuevo León (estados colindantes). Y a finales de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había registrado 18.000 desaparecidos en todo el país desde el 2006, cuando se desató la guerra por el control del territorio entre el narcotráfico y el Ejército mexicano. Y eso pese a que la mayoría que ahora van a buscar a sus familiares confiesan que no se habían atrevido a denunciar. Temían que las autoridades correspondientes les respondieran el ya tradicional “en algo andaría” o que ellas mismas estuviesen coludidas con el crimen. De hecho, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), de Nuevo León, quién junto a otras ONGs de los estados del noreste mexicano presentaron un informe sobre desaparición forzada a la relatoría de la ONU, ha tenido noticia de amenazas en contra de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, tanto de funcionarios del estado –fiscales, policías y soldados- como de desconocidos. Sin ir más lejos, entre los 76 detenidos relacionados con estas fosas que se han apresurado a presentar ahora las autoridades figuran 16 policías municipales de San Fernando. También han detenido al presunto autor intelectual, Martín Omar Estrada, alias El Kilo, señalado como el jefe de Los Zetas en la misma ciudad y presunto asesino de unas 200 personas. Sin embargo, sus habitantes no creen que estas detenciones cambien mucho las cosas. “Antes los del Golfo y los Zetas vivían en San Fernando y no había problema, pero desde que entró (el presidente Felipe) Calderón con sus soldados, los dos se están peleando por la zona y no paran de reclutar a nuevos. Ahora hay muchas matanzas, secuestros, extorsiones, robos. Y lo hacen niños de 14 o 16 años que van armados. O bajan a los de los autobuses para que se unan al cártel, sino quieren entrar, los matan”, cuenta una vecina de San Fernando que espera noticias de su hija. Así lo maneja también el gabinete de Seguridad Nacional, que apunta que la mayoría de los 183 cadáveres encontrados serían de personas que viajaban en los autobuses de pasajeros que van al país vecino. Las aduanas de Tamaulipas son las más meridionales de la frontera, y muchos migrantes mexicanos y centroamericanos eligen cruzar por ellas porque hay más permisividad y suponen el trayecto más corto para cruzar México. De hecho, fue en el mismo San Fernando, donde se encontraron el pasado agosto, los cádaveres de 72 indocumentados centro y suramericanos. Pero el miedo se esparce por todos lados allá. “Está bien feo. Si vas por ejemplo con un coche que les gusta a ellos en cualquier camino te lo quitan y si no se los das, te matan”, añade la misma vecina de San Fernando. Entre sus pies y los del resto de familiares corretea ajena Tania. A sus 4 años, su madre, Esmeralda, embarazada de 8 meses, le dijo que iban al médico para poderle sacar una muestra de sangre que sirva para identificar a su marido, desaparecido hace un par de meses, cuando fue a Tamaulipas a llevar una camioneta. Trabajaba en una agencia de coches usados del DF y de regreso debía traer otro vehículo. Nunca llegó a entregar la camioneta. Podría haber desaparecido en San Fernando o en cualquier otro lugar del estado, porque en las carreteras de Tamaulipas los retenes de delincuentes se multiplican y parece no haber más ley que la suya. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del pasado febrero identifica 71 municipios en 16 estados del país, tramos carreteros y ferroviarios en donde han ocurrido secuestros, extorsión, robos, ataques sexuales y maltrato a migrantes. Pero como precisa la CNDH, en sólo cuatro estados se concentran 39 puntos de riesgo. Y esas entidades son: Nuevo León, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas. De nada parecen haber servido las promesas del gobierno de incrementar la seguridad después de descubrir a los 72 migrantes asesinados el pasado agosto. La guerra abierta entre el Cártel del Golfo y su ex brazo armado, el Cártel de Los Zetas, junto a la militarización y la corrupción policial mantienen lo que los analistas han calificado como Estado fallido. Los propios hampones asesinaron el año pasado al candidato a gobernador, y su hermano, quien le relevó, estableció un gobierno inoperante. La prensa está silenciada a golpes o a billetazos y las policías locales coludidas. El estado se ha despoblado considerablemente y quienes se han quedado viven sometidos a cobros por derechos de piso y extorsiones, peaje obligatorio para cualquier negocio en la región. Y si se niegan, los matan, aseguran sus habitantes, que ya no salen de sus casas cuando anochece. “Nadie puede hablar, ahora ya no tenemos ni Policía, ni Justicia, ni nada. Se pagan extorsiones por seguridad. ¿Pero cuál seguridad? Como quieran te matan. Vivimos una masacre desde hace más de un año”, cuenta la misma vecina de San Fernando que prefiere esconder su nombre. Uriel Carvajal salió hacia EEUU en un autobús que pasaba por Tamaulipas. Nunca más supieron de él. Dos de sus hermanos fueron a buscarlo y ahora los tres estan desaparecidos. Un cuarto hermano y sus padres esperan que aparezcan en el pueblo de La Concepción, en Hidalgo. (Alexandre Meneghini / AP) Por otro lado, Guadalupe se pregunta:” ¿Qué pasaría si fueran los familiares de los políticos quiénes estuvieran en nuestra situación? ¿Qué haría Calderón si le desaparecieran a sus hijos? ¿Y los criminales? No saben que estan destruyendo familias enteras, sufrimos todos, hijos, nietos, hermanos...”. Todas sus historias trasmiten una sensación sobrecogedora de fragilidad. Tardarán aún en obtener respuestas. Pues apenas esta semana, después de casi un mes, la Fiscalía ha entregado los tres primeros cuerpos reconocidos. Y mientras siguen esperando, se han desenterrado otros 104 más en el también norteño estado de Durango. Este baile de cadáveres parece una enumeración condenatoria al Estado, que no solo no es capaz de mantener la integridad de la población civil sino que los condena a la incertidumbre de no saber qué ha pasado con sus miles de desaparecidos.

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