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Debaten prohibición de aborto terapéutico en CIDH

Agencia CIMA. Desde Washington. | 3 de Marzo de 2007 a las 00:00
La situación de los derechos humanos en Nicaragua, particularmente la violencia de género, fue tema de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Al concluir la audiencia, llevada a cabo este viernes, la CIDH anunció que durante el segundo semestre de este año visitará Nicaragua para tomar contacto con las nuevas autoridades y constatar las violaciones denunciadas. Durante los últimos años, Nicaragua se ha caracterizado por una profunda crisis de gobernabilidad política, en la cual los temas relacionados con la garantía y el respeto de los derechos humanos han estado ausentes de la agenda de todos los gobiernos, dijeron durante la primera audiencia las organizaciones que solicitaron que el caso fuera tratado en el organismo internacional. Los representantes de las organizaciones nicaragüenses expresaron especial preocupación por la reciente reforma al Código Penal que sancionó el aborto terapéutico, lo que ha traído como consecuencia que ya varias mujeres pobres hayan muerto por complicaciones en el embarazo. Además, no hay un verdadero acceso de las mujeres a la justicia. De cada mil casos en los que son víctimas, sólo en 40 se abren procesos judiciales, dijo la representación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), la Asociación de Personas viviendo con VIH SIDA (ASONVIHSIDA), Casa Alianza – Nicaragua, la Fundación Xochiquetzal, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). También informaron acerca de la situación que vive la niñez y la adolescencia. Denunciaron que más de 600 mil niños y niñas se encuentran fuera del sistema educativo. Del total de la población infantil, un 32 por ciento sufre de desnutrición crónica, especialmente los habitantes de la Costa Caribe y zonas rurales; y el 30 por ciento no cuenta con partidas de nacimiento, lo que los expone a ser víctimas del tráfico de personas, la trata y la explotación sexual comercial. En cuanto a la situación de las personas con VIH Sida se dio a conocer, entre otros aspectos, que el Estado no brinda el tratamiento antirretroviral a la totalidad de la población que lo requiere. Pidieron urgentemente una política estatal que garantice los derechos de la población seropositiva, así como una mayor inversión estatal para la atención de la problemática. Finalmente, las organizaciones abordaron graves preocupaciones por la incidencia de los partidos políticos en la administración de justicia, impidiéndose una verdadera tutela de los derechos fundamentales de la población. Los peticionarios, aún y cuando trataron temas específicos, coincidieron en que el gobierno de Daniel Ortega, desde sus inicios, estableció estructuras paralelas a las ya existentes legalmente, excluyendo de los nuevos espacios al Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, institución encargada de articular a los organismos de sociedad civil y del Estado en políticas tendientes a la promoción de los derechos humanos.

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