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Castigo a violadores de derechos de consumidores de servicios

| 12 de Marzo de 2007 a las 00:00
Las empresas que suministran servicios públicos, como distribuidores o como generadores en caso de la energía eléctrica, con el nuevo Código Penal se establecerá sanciones económicas y hasta penas carcelarias, cuando violen los derechos de sus usuarios. El presidente de la comisión de Justicia, José Pallais, explicó este lunes en el artículo 273 (todavía no discutido por el plenario), se establece como delito la infracción de las regulaciones económicas, y citó como ejemplo el corte del servicio –agua, energía eléctrica o telefónico– después de las seis de la tarde; fraude en la facturación, como el cobro por servicio no brindado, como alumbrado público, entre otros. La responsabilidad por este delito, recaerá directamente sobre los gerentes y los representantes legales de las empresas prestadoras de servicios públicos. Pero también, el artículo 392, establece penas cuando se entorpezca el servicio público. Esto va dirigido contra las generadoras. "Estamos queriendo imponer una cultura de responsabilidad, y por eso queremos que las empresas también tengan consecuencias por sus actos que afecten al ciudadano. Además, estamos enviando un mensaje al gran consumidor para que también cumpla con sus obligaciones y no haga fraude contra el pequeño consumidor", afirmó Pallais. El diputado aprovechó para aclarar que la penalización al robo de energía, agua potable y telefonía, establece sanciones económicas y penas para los que su factura por consumo sea igual o superior a tres salarios mínimos industriales (establecido en mil 300 córdobas), o sea tres mil 900 córdobas, y afirmó que actualmente ese tipo de clientes son apenas mil 500 en todo el país, y que son grandes consumidores.

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