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CIDH investiga supuestas amenazas de muerte contra activistas de CPDH

Agencia ACAN–EFE. Desde Managua. | 13 de Abril de 2007 a las 00:00
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dio un plazo de siete días al presidente Daniel Ortega, para que informe cómo avanzan las investigaciones de las denuncias de supuestas amenazas de muerte recibidas por políticos de la derecha que ahora trabajan como defensores de derechos humanos. La CIDH notificó sobre de esa solicitud a los representantes y familiares de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua e indígenas miskitos, que acusan a ex funcionarios del primer gobierno sandinista, incluido Ortega, de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en los años 80. La CIDH, a través de una carta fechada el 10 de abril, notificó a la no gubernamental CPDH que ya hizo esa petición al jefe de Estado nicaragüense. "Cumplo con informarles que en el día de la fecha, la Comisión remitió una solicitud de información al Estado en relación con la situación de funcionarios y familiares de la CPDH y de los denunciantes", señala en una de sus partes la notificación, firmada por el secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, Ariel E. Dulitzky. En la misiva, cuya copia fue enviada a EFE por la CPDH, la CIDH aclara de que la petición que hacen a Ortega es "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite sobre medidas cautelares". A mediados de julio del año pasado, el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, denunció ante la Policía de Managua que recibe amenazas de muerte y posteriormente solicitó ante el organismo de la OEA medidas cautelares. La CPDH acusó a Ortega y otros 15 ex funcionarios del gobierno sandinista a principios de los años 80 por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra indígenas miskitos de la región norte de la costa del Caribe. La CPDH acusó el año pasado ante el Ministerio Público a Ortega, quien fue presidente de Nicaragua de 1984 a 1990 y ahora de 2007 al 2012, por esos delitos, y luego interpuso la denuncia ante la CIDH. La denuncia incluye al ex jefe del Ejército Popular Sandinista Humberto Ortega, hermano del presidente; al actual embajador de Managua en Lima y ex ministro del Interior Tomás Borge; al ex jefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, al actual procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, y a altos miembros de las fuerzas armadas. La querella se refiere a la "Navidad Roja" de 1982, como se conoce la operación llevada a cabo por el ejército sandinista para sacar a unos ocho mil 500 indígenas de sus comunidades a orillas del río Coco, en la frontera con Honduras, y reubicarlos en cinco campamentos. La operación se hizo para evitar que los indígenas sirvieran de apoyo a la "contrarrevolución" financiada por EU que pretendía derrocar a los sandinistas. Según denunciaron grupos indígenas, un total de 64 personas fueron asesinadas, trece torturadas y quince desaparecidas.

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