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Grupos de la derecha quieren que los liberales prohíban los Consejos

Varias agencias. Desde Managua. | 17 de Julio de 2007 a las 00:00
Una veintena de organismos no gubernamentales vinculados a facciones liberales, demandó el martes a diputados de la oposición que impulsen una ley para derogar los Concejos del Poder Ciudadano (CPC), que califican de corte partidista sandinista y que el gobierno de Daniel Ortega "quiere imponer". En un comunicado divulgado el martes en rueda de prensa los directivos de esos organismos, habitualmente financiados por embajadas europeas y Estados Unidos, afirman que los CPC son coordinados por los secretarios políticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Agregan que estos consejos responden a un modelo importado, no acorde con la democracia representativa y participativa que establece la Constitución de Nicaragua y cuyo objetivo "es manipular y controlar a la ciudadanía". Por ello, demandan a los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que reúnen 47 legisladores, apoyar una reforma a la Ley 290 para derogar los Consejos del Poder Ciudadano, para que se respeten la Constitución y las leyes del país. Invitan a los ciudadanos a "rechazar enfáticamente la conformación e implementación de estos consejos, que no son otra cosa que mecanismos autoritarios de control partidario". La Coordinadora de los Consejos, Rosario Murillo, anunció el pasado día 11 que los CPC serán instalados oficialmente el 14 de septiembre próximo. Ese día será instalado el llamado "Gabinete Nacional" integrado por el presidente Ortega, los ministros de Estado y delegados de los CPC, que tendrán un máximo de cien personas, para acordar en esa fecha, 151 aniversario de la Batalla de San Jacinto, políticas públicas del país. Murillo dijo que los delegados de los CPC llevarán al "Gabinete Nacional" las propuestas de los pobladores de todo el país en base a sus necesidades. El presidente Ortega, por su lado, ha dicho que las decisiones que adopten estos Consejos deben ser acatadas en el parlamento y por los ministros de Estado. Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua y ex funcionaria del gobierno anterior, dijo en la rueda de prensa que el FSLN tiene todo el derecho de organizarse, pero no a usar estos espacios partidistas como si fueran los espacios de participación ciudadana. "El gobierno está pretendiendo usar los CPC como asambleas para discutir y tomar decisiones de carácter público que afectan a todos los nicaragüenses en detrimento del sistema de participación que si es legal, apartidario, inclusivo y participativo, según la ley y la Constitución", dijo Granera. "Queremos dejar claro con la reforma a la ley 290 que estos Consejos no tienen ningún amparo legal y que el gobierno respete el esfuerzo financiero, en tiempo y recursos humanos para fortalecer las instancias legales del sistema de participación ciudadana que existe", añadió Granera.

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