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Dicen las feministas que el gobierno ordenó enjuiciarlas por «venganza política»

Varias agencias. Desde Managua. | 26 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Un total de nueve dirigentes de los grupos feministas se encuentran amenazadas de ser acusadas por varios supuestos delitos graves, según dicen representantes de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) y de otras organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua. Las fuentes indicaron que entre los supuestos delitos figuran encubrimiento del delito de violación a la niña "Rosita" e instigación y asociación para delinquir, y que la orden para acusarlas "emana de la presidencia de la República". No presentaron pruebas de sus acusaciones ni de los supuestos planes para enjuiciarlas. Las amenazadas de ser acusadas son Ana María Pizarro, Juana Jiménez Martínez, Lorna Norori Gutiérrez, Luisa Molina Argüello, Marta María Blandón Gadea, Martha Acuña Alvarado, Mayra Sirias, Yamilet Mejía Palma y Violeta Delgado Sarmientos. Un pronunciamiento leído durante una rueda de prensa por Sofía Montenegro, del Movimiento Autónomo de Mujeres, señala que estas nueve mujeres pertenecen a la RMCV y a otros movimientos de mujeres y de la sociedad civil. Se aclaró que estas mujeres todavía no han sido notificadas oficialmente de estas acusaciones, pero el pronunciamiento afirma que "la pareja Ortega-Murillo" (el presidente Daniel y su esposa Rosario) orientó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que le de trámite a una denuncia contra estas mujeres interpuesta por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Según la fuente, otra supuesta orientación de Ortega y Murillo es que la investigación sobre la denuncia de la ANPDH interpuesta el viernes pasado la dirigiera la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, ex comisionada general de la Policía Nacional. La ANPDH, según el pronunciamiento, es una organización controlada por el obispo católico de Estelí, Abelardo Mata. "Este organismo se encontraba desactivado desde hace tiempo y hasta donde sabemos, no tenía su documentación en regla con el Ministerio de Gobernación", dijo la RMCV. Según la fuente "esta actuación pone en evidencia la connivencia de un sector de la jerarquía eclesiástica con el proyecto totalitario que el binomio Ortega-Murillo pretende imponer en Nicaragua a cambio de privilegios y regalos de parte del gobierno". Agrega que en el caso de la denuncia de la ANPDH se ha escogido a un grupo de mujeres defensoras de derechos humanos, porque han dado su acompañamiento a casos emblemáticos como el de "Rosita" y de Zoilamérica Narváez Murillo. "Rosita" es la niña nicaragüense ultrajada en Costa Rica por su padrastro y que fue obligada a abortar a los nueve años de edad, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no había eliminado en octubre del 2006 del Código Penal el aborto terapéutico, que en este cuerpo de leyes figuró durante 170 años. Cinco años después, se supo que el violador había sido su padrastro, y éste declaró que las dirigentes de la Red y la madre de la niña, sabían lo que estaba ocurriendo. Producto de las violaciones, Rosita volvió a quedar embarazada y esta vez tuvo un hijo que ya tiene dos años. "El motivo (de la denuncia y amenaza de acusación) es la venganza política por el acompañamiento dado a la denuncia de abuso sexual hecha por Zoilamérica contra el ahora presidente de la República, Daniel Ortega en marzo de 1998", dice el pronunciamiento. En relación al caso de Zoilamérica, hija adoptiva del Ortega, una jueza de Managua archivó en 1998 este expediente judicial por cuestiones de prescripción. En 2005, la propia Zoilamérica pidió públicamente perdón a su madre, a quien agradeció su comprensión y cariño que la hacían una "madre excepcional". La fuente también afirmó que con estas amenazas se pretende "intimidar, desprestigiar y desmantelar al movimiento de mujeres dado que ha sido uno de los mas beligerantes actores de la sociedad civil en la demanda del respeto a la institucionalidad, la vigencia del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos".

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