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CIDH tramita acusación contra Costa Rica por xenofobia

| 3 de Noviembre de 2006 a las 00:00
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) abrió el expediente para investigar la denuncia de Nicaragua contra Costa Rica por la desprotección del estado costarricense de los derechos de los inmigrantes nicaragüenses en ese país, informó la noche del jueves el canciller Norman Caldera. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido diferir el tratamiento hasta el debate y decisión sobre el fondo", lo que significa que el caso ya está abierto "para su consideración sustantiva", explicó el canciller Caldera. La decisión implica que el caso será conocido por la CIDH, pese a la posición del gobierno de Costa Rica, que solicitó a la comisión rechazarla demanda por improcedente. "No obstante, la CIDH ha decidido continuar con el caso, desatendiendo así la infundada pretensión costarricense que dejaría en impunidad los hechos delictivos denunciados por Nicaragua, y el clima de xenofobia prevaleciente que les dio origen", aseguró Caldera. "Nicaragua tiene la esperanza de que la denuncia que ha presentado a la Comisión sea atendida con sentido de Justicia, y se restablezca el imperio de los Derechos Humanos establecidos en el Pacto de San José, de tal manera que los nicaragüenses afectados sean restituidos en sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la no discriminación, así como a gozar del deber de protección en y por parte del Estado donde se encuentren, de sus derechos y libertades esenciales", agregó. Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, negó en San José que existiera un pronunciamiento oficial de la CIDH en relación al caso. La semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reveló que ese organismo ya se había pronunciado sobre la demanda que Nicaragua interpuso en contra de Costa Rica, y sobre otro caso contra el estado de Uruguay. En esa oportunidad, Cantón dijo que no podía revelar el contenido de la resolución hasta que los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua conocieran el documento.

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