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COSEP espera que Ortega «respete la democracia y la propiedad privada»

Agencia AFP. Desde Managua. | 7 de Noviembre de 2006 a las 00:00
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) espera que el virtual presidente sandinista Daniel Ortega respete la propiedad privada y mantenga un clima favorable para promover la inversión que el país necesita para su desarrollo. "Hay que ver cómo actúa el nuevo gobernante, recuerde que los inversionistas actúan con las condiciones que se crean para la inversión", afirmó el presidente del COSEP, Edwin Krüger. "Creo que si hay condiciones de tranquilidad, de respeto a lo establecido, la reacción" del COSEP será buena, "pero si hay otro tipo de actitud la reacción será otra", advirtió el dirigente empresarial. El regreso de Ortega, que durante su pasado gobierno (1979-90) confiscó al sector empresarial en el marco de una revolución de corte social, generó preocupaciones y temor en el empresariado, que ahora espera, inquieto, conocer las políticas económicas que implementará su nueva administración. El presidente de la Asociación Nacional de Productores Avícolas y de Alimentos (Anapa) que forma parte del COSEP, Alfredo Vélez, opina que el FSLN debe respetar los espacios democráticos que se abrieron hace 16 años en el país, y mantener la estabilidad macroeconómica promovida por los últimos tres gobiernos. Vélez dijo que si los sandinistas respetan el modelo establecido están dispuestos a convivir con el nuevo gobierno, dejando sus resquemores por las confiscaciones y falta de libertades públicas que vivieron durante la revolución, en los años 80. Auque el COSEP, que integran más de 10 organizaciones y cámaras empresariales, no ha definido aún su relación con un gobierno presidido por Ortega, algunos empresarios, como Adolfo Argüello, estiman que los sandinistas deben despolitizar y fortalecer las instituciones públicas para tener credibilidad ante la comunidad internacional. La mayoría de los poderes e instituciones del Estado nicaragüense son dirigidas por funcionarios afines al FSLN y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) en virtud de la alianza política que ambas agrupaciones tienen en el Congreso desde hace seis años. El acuerdo fue posible gracias a la mayoría que los dos partidos tenían en el Congreso, al que le corresponde nombrar con mayoría calificada los cargos directivos del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos, entre otros.

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