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Expresidente Alfonso Portillo rendirá cuentas en Estados Unidos

Ciudad Guatemala. Prensa Libre. | 27 de Agosto de 2011 a las 00:00
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el viernes —por unanimidad— la extradición del expresidente Alfonso Portillo, por lo que este deberá ser juzgado en Estados Unidos, que lo reclama por conspiración para el lavado de US$70 millones en bancos de ese país, provenientes de las arcas del Estado guatemalteco. Los magistrados titulares Alejandro Maldonado, Mauro Chacón, Héctor Hugo Pérez, Roberto Molina y Gloria Porras, así como los dos suplentes, Héctor Trujillo y Ricardo Alvarado, decidieron dejar en firme la orden de extradición que resolvieran la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, que confirmó ese procedimiento el 17 de marzo del 2010. La deliberación de los magistrados tardó más de siete horas, y a eso de las 17, dictaron su sentencia por unanimidad. Maldonado, presidente de la CC, dijo que denegaron el amparo a Portillo, quien lo solicitó para evitar su extradición, y pidieron que se le garantice “un trato digno y humano”. “Se llegó a la conclusión, luego del estudio del expediente, que por su dificultad había que estudiarlo en todas sus dimensiones y resolver con base en análisis y debates jurídicos”, explicó Maldonado en rueda de prensa ofrecida en la sala de vistas de la CC. Los siete magistrados suspendieron su sesión plenaria desde el 17 de agosto recién pasado, y acordaron pedir el expediente completo de Portillo a la Corte Suprema de Justicia, para estudiarlo y resolver. A la pregunta de en cuánto tiempo podría ser extraditado Portillo, Maldonado respondió que al notificar a todas las partes, el caso le es entregado al Organismo Ejecutivo, el cual tiene la última palabra. Portillo aún no puede ser enviado a EE. UU., sino hasta que finalice el proceso por peculado de Q120 millones, delito por el cual fue absuelto junto con los ex ministros de la Defensa y de Finanzas, Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos, respectivamente, el 9 de mayo último. Esa sentencia fue apelada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. MP se muestra satisfecho Claudia Paz y Paz, fiscal general, manifestó sentirse satisfecha por la resolución de la CC: “Es un fallo que da esperanza; es un fallo con el que concuerdo. Con esto se fortalece el sistema de justicia en el país, y es congruente con los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional, porque se responde a una solicitud girada por EE. UU.”. Sobre el caso del desfalco de los Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, Paz y Paz dijo que aún está pendiente que se resuelva la apelación planteada por la absolución dictada en su contra. “Este es un caso sólido, que sigue su marcha contra él y sus ministros. Para nosotros es importante que enfrente la justicia acá, y la apelación seguirá. Si no, viene el recurso de casación”, advirtió. Casos en su contra La justicia de EE. UU. solicitó la extradición de Portillo por el delito de conspiración para el lavado de US$70 millones, porque supone que el exgobernante utilizó la banca de ese país para el traslado de fondos del erario nacional. Además, durante la gestión gubernamental de Portillo —del 2000 al 2004— salieron a luz por lo menos 15 casos de desfalco en instituciones del Estado, los que hasta el momento suman más de Q6 mil millones, y que se dan por perdidos. Entre estos destacan los desfalcos en los ministerios de la Defensa, Gobernación y Comunicaciones, además del Estado Mayor Presidencial, el Seguro Social y faltantes en la Presidencia de la República y en el Crédito Hipotecario Nacional. También hubo denuncias sobre fondos destinados a obras inexistentes, sustracción de fondos en la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y depósitos injustificados en los bancos Metropolitano y Promotor, de su principal financista de campaña, Francisco Alvarado Macdonald. En el 2001, Portillo autorizó transferencias para el Ministerio de la Defensa de fondos de Educación, Salud y Gobernación, que sumaron Q906 millones. En ese proceso están vinculados seis militares, entre ellos el general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, fundador del partido que llevó a Portillo al poder. Borran evidencias Han pasado siete años, y los expedientes de investigación por el asesinato de seis personas vinculadas con el desfalco al Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor Presidencial aún no tienen solución; unos están archivados y otros desaparecieron. Siguen en la impunidad las muertes de Juan José de León Pineda, capitán asimilado que cobraba en efectivo los fondos saqueados de la Defensa; José Raúl Cerna, jefe de Finanzas del Estado Mayor Presidencial; Surama Payeras, atacada a balazos cuando conducía el vehículo de Cerna; Jorge Rivera, encargado de los viáticos de Portillo en el extranjero; David Elías y William Rivera, conductores de un automotor blindado que pudo haberse usado para el traslado de dinero estatal.

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