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En marcha depuración de policía guatemalteca

Agencia PL. Desde ciudad Guatemala. | 6 de Marzo de 2007 a las 00:00
El gobierno guatemalteco puso este martes en vigor un acuerdo donde ordena al ministerio de Gobernación depurar a la Policía Nacional Civil (PNC), tras los escándalos por el asesinato de cuatro salvadoreños y la ejecución de los presuntos autores. En el documento se señala la obligación del Estado de garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, por lo que resulta urgente hacer cambios en los aparatos encargados precisamente de cumplir estos objetivos. También se prevé emitir otro acuerdo para crear un Sistema de Seguridad Nacional, el cual estaría integrado por la Presidencia, las carteras de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa y la Procuraduría General de la Nación. Organizaciones civiles consideran estas medidas como apenas un paliativo para la crisis que enfrenta el país y señalan las dificultades para lograr una efectiva depuración policial. Creada en 1998 como producto de los Acuerdos de Paz, la PNC sustituyó a la tenebrosa Policía Nacional, vinculada con la represión y las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996). Sin embargo surgió con un grave defecto original, porque reprodujo la misma estructura de su predecesora y mantuvo en su seno al 90 por ciento de mandos y efectivos, quienes sólo pasaron un curso de reciclaje. Según Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), éstos tuvieron la ventaja de posicionarse en puestos superiores de la cadena de mandos. Aquellos que realmente ingresaron a la PNC en el momento de su creación, apenas han tenido tiempo de llegar, si mucho, a cargos de oficial tercero, puntualizó Godoy. Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia, dijo que los viejos agentes traían una cultura de represión y corrupción, la cual fue incorporada a la nueva estructura. En la actualidad hay más de 500 policías con delitos comprobados, pero a quienes no se ha logrado despedir por trabas administrativas y burocráticas. Según el IMASP, esto es apenas la punta del iceberg pues la Oficina de Responsabilidad Civil no puede finalizar unas mil 600 investigaciones por denuncias de robo, desapariciones forzadas, secuestros y violaciones cometidos por efectivos policiales. Diferentes sectores de la sociedad reclaman, más que una depuración y la renuncia de algunos jefes, una refundación de todos los aparatos de seguridad para adecuarlos a las tareas establecidas en los Acuerdos de Paz firmados en 1996.

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