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Gobierno y transportistas de Panamá intentan alcanzar acuerdos

Agencia PL. Desde ciudad Panamá. | 7 de Marzo de 2007 a las 00:00
El gobierno y los transportistas públicos panameños intentan alcanzar un acuerdo sobre una polémica reforma al sector, aunque la amenaza de huelga nacional anunciada por los sindicatos continúa latente. Ante las presiones de los gremios, que incluyen un posible paro, Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte, anunció el aplazamiento hasta la próxima semana del inicio de la discusión de los cambios en la Asamblea Nacional (parlamento). Con el fin de alcanzar un compromiso que termine con el diferendo, se realizarán en los próximos días encuentros entre funcionarios gubernamentales, transportistas y usuarios. Tras la decisión de los legisladores, la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) anunció que deberá ser escuchada o, de lo contrario, iniciará la paralización de sus labores. La huelga sigue latente, advirtió el presidente de la CANATRA, Luis Rodríguez. Sin embargo, su rival, la Coordinadora Nacional del Transporte, que aglutina a los gremios del interior del país, fue más allá y exigió el retiro del proyecto. Pero David Ramírez, representante de los usuarios del Movimiento 23 de Octubre, calificó de burla y poco seria la postergación de los debates sobre el tema. "No vamos a llegar a ningún acuerdo, y vamos a seguir con el mismo statu quo. Los diputados se han dejado presionar de los transportistas", señaló. El gobierno comenzó una estrategia para reforzar la seguridad y la modernización del sector, luego de la muerte de 18 personas al incendiarse un autobús, en octubre último, en esta capital. Los sindicatos se muestran en desacuerdo con la reforma, en especial con la posibilidad de que cualquier consorcio privado pueda aspirar a una concesión del Estado para operar el servicio y abrir nuevas rutas. En su opinión, esa iniciativa permitirá a grupos poderosos desplazar del sector a los transportistas. Asimismo, rechazan el nuevo reglamento de tránsito, vigente desde el 1 de enero último, al considerar que viola la Constitución.

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