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Aprueban reformas que reducen castigos por corrupción en Panamá

Agencia AP. Desde ciudad Panamá. | 8 de Marzo de 2007 a las 00:00
El Congreso panameño, con mayoría oficialista, aprobó en segundo debate un proyecto de reformas al código penal que reduce las penas para los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, suscitando duros cuestionamientos. "Es un código donde se aumentan las penas en todos los delitos, excepto en los relacionados con la corrupción", se quejó este jueves Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una influyente organización sin fines de lucro creada en el 2000. La aprobación en el segundo de tres debates tuvo lugar el miércoles por la noche, luego de que la discusión se suspendiera hace más de una semana debido a los cuestionamientos formulados a partes del proyecto. Queda pendiente el tercer debate, en el que sólo se hacen consideraciones de estilo. "El proyecto nace de la necesidad que tiene Panamá de adecuarse a las corrientes mundiales en cuanto al derecho penal", manifestó el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Raúl Rodríguez. "Nace genuinamente de un pacto por la justicia". Castillo, cuya organización busca promover mejoras a la administración de justicia y fomentar la transparencia, dijo en una entrevista telefónica con la AP que la mayoría de las reformas son buenas, pero lamentó que se redujeran las penas en los delitos por corrupción y enriquecimiento ilícito. De acuerdo a los artículos sobre esos delitos publicados en la prensa local, las penas para funcionarios administrativos por corrupción fueron reducidas de 4 a 8 años a 2 a 4 años; de funcionarios judiciales de 7 a 10 años a 2 a 4 años y por enriquecimiento injustificado de 5 a 10 años a un máximo de 5 años. "Creo realmente que esto es cuestionable porque estamos hablando que el delito de corrupción le ocasiona tantos daños a nuestros países y existe todo un movimiento a nivel internacional contra la corrupción", señaló Castillo. Pero en Panamá "resulta que estamos equiparando el robo común y corriente, el robo contra el capital privado, con el que se hace contra las arcas del Estado". El diputado opositor José Blandón dijo que esas reformas contradicen la promesa del presidente Martín Torrijos de "cero corrupción". Gremios periodísticos se quejaron también que algunas reformas afectarán la libertad de expresión, incluyendo un artículo que establece penas a los que revelen información de seguridad del Estado.

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