Escúchenos en línea

Intereses «ocultos» boicotean caso de minera Crucitas en Costa Rica

San José. ElPaís.cr. | 12 de Noviembre de 2011 a las 00:00
Las afirmaciones de un conspicuo político a sus amigos y a un grupo de empresarios de que caería la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), sobre el caso Crucitas, se hizo realidad tras corroborarse el robo de un borrador del fallo de casación de magistrados de la Sala Primera. Este viernes, el Fiscal de la República, Jorge Chavarría, allanó oficinas de la Sala Primera para incautar documentos y computadoras, con el fin de determinar quién fue la persona que cometió el delito, que pone en el más alto riesgo la ya deteriorada credibilidad del Poder Judicial. Chavarría reconoció al Canal 7 de televisión que la denuncia fue hecha por la Presidente de dicha Sala, Anabelle León Feoli, y que los magistrados colaboraron con la comisión de la Fiscalía. En Crucitas de San Carlos, Región Huetar Norte de Costa Rica, la transnacional canadiense Infinito Gold, ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto. Sus instalaciones están ubicadas a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua. El 24 de noviembre del 2010, el TCA dio a conocer el "por tanto" de su decisión relativa al proyecto minero ubicado en Las Crucitas, mientras que el 14 de diciembre del mismo año, los jueces leyeron la sentencia que anulaba un decreto presidencial de Oscar Arias y los permisos para que operara dicha actividad minera, considerada la más contaminante del planeta. Posteriormente, el 15 de octubre anterior, la Sala Primera se pronunció sobre la admisibilidad de los recursos de casación que presentaron las diversas partes por el caso Crucitas. El recurso de casación planteado por el Estado, fue admitido en su totalidad. En el caso de las 11 infracciones, que acusó la empresa Industrias Infinito, sólo nueve fueron admitidas. De los siete cargos que planteó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), solo cinco fueron aceptados para estudio. De ASOCRUCITAS se admitieron dos de los tres supuestos vicios planteados. Fuentes extraoficiales dijeron a este medio que los magistrados estarían ratificando, en el borrador, la sentencia del TCA, mientras que observadores judiciales indicaron que ese fallo "está muy bien blindado jurídicamente como para traerlo abajo". De acuerdo con los procedimientos, aún falta que la Sala Primera reciba los alegatos de los abogados ambientalistas, quienes precisamente se reunirán, este sábado, para concluir su labor y presentar los documentos antes del 22 de noviembre. Para Álvaro Sagot, el sabotaje a la Sala Primera despierta sospechas de intereses ocultos para recusar a los magistrados de ese Alto Tribunal, llevar el caso a la Corte Plena y que sean magistrados suplentes, quienes resuelvan el caso. Precisamente, con ese propósito, un abogado del privado Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos planteó este viernes una recusación contra los cinco magistrados de la Sala, alegando que ellos designaron en propiedad a dos jueces del TCA, quienes dictaron la sentencia hace un año. El caso está siendo analizado por las instancias judiciales respectivas. Expertos en el tema no descartaron que el robo del documento y la solicitud de recusación de los magistrados "sea una orquestación para que la empresa salga diciendo que los magistrados propietarios deben ser relevados porque ya adelantaron criterio". Consultado Sagot sobre el caso, dijo a Elpais.cr que posiblemente los "intereses ocultos" pretenden que la Sala ordene un nuevo juicio, o que la sentencia final sea tomada por magistrados suplentes. Sin embargo, la Presidenta de la Sala dijo al canal de televisión que esta situación no tiene efectos procesales, pues lo que se filtró fue un borrador del fallo, que no es el definitivo, ya que falta conocer más sobre el caso. De acuerdo con el Fiscal y con León Feoli la investigación llegará hasta las últimas consecuencias tras calificar de "muy serio este caso". Para esas autoridades, la filtración del borrador de la sentencia pone en entredicho la credibilidad del Poder Judicial. En círculos de organizaciones ambientalistas, este escándalo "no es más que el trabajo sucio de alguien para lograr la penetración en Costa Rica de la minería de oro a cielo abierto y para ensuciar la gran labor independiente de los magistrados de la Sala Primera, así como echar abajo la brillante sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo". Finalmente, llama la atención lo dicho por un empresario del sector turismo, de la Región Huetar Norte, quien afirmó que pronto esa sentencia del TCA caería, según se lo afirmó un destacado político costarricense.

Descarga la aplicación

en google play en google play