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Muerte de Silva marcó semana en El Salvador

San Salvador. Agencia PL. | 10 de Diciembre de 2011 a las 00:00
La repentina muerte del presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), Héctor Silva, dio un giro inesperado al ambiente político de El Salvador esta semana. Silva, de 64 años, fue fulminado cerca del mediodía del jueves por un aneurisma de la arteria aorta cuando exponía sobre los planes del gobierno sobre transparencia y de combate a la corrupción en un acto en la Casa Presidencial. La noticia sacudió al país, inmerso en el debate de una reforma tributaria propuesta por el gobierno, apoyada por vastos sectores sociales y enfrentada a un duro ataque de las cúpulas empresariales y los partidos de derecha. Los restos del político de 64 años fueron velados en una funeraria capitalina, adonde acudieron a dar su pésame a sus familiares el presidente Mauricio Funes y las principales figuras del gobierno. La muerte de Héctor Silva representa una gran pérdida para mi gobierno, pero al mismo tiempo una gran pérdida para El Salvador, expresó el mandatario. Dirigentes políticos, diputados y otras personalidades resaltaron la trayectoria de Silva, con una larga carrera política iniciada desde los años 80 del silgo pasado, en medio del conflicto armado (1980-1992). La Comisión Política y la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) manifestaron también sus condolencias a la familia de Silva. Hemos perdido a un salvadoreño ejemplar, con gran vocación democrática, un hombre muy humano y entregado a las causas sociales de nuestro país, afirma en un comunicado. Silva fue el primer alcalde de San Salvador del FMLN cinco años después de los Acuerdos de Paz de 1992, y gobernó la capital dos períodos de tres años, de 1997 a 2003. Los restos de Silva serán sepultados esta tarde en un cementerio de la capital. En tanto, el gobierno y el FMLN mantuvieron su intensa actividad para promover la reforma tributaria, que favorece a los sectores de más bajos ingresos y busca equiparar los impuestos de las grandes empresas a los existentes en el resto de países de América Central. Las cúpulas de los gremios de la empresa privada y de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se oponen tenazmente a la iniciativa con argumentos de que desincentivará la inversión privada, entre otros.

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